Enrique Castillo: ¿El Estado nos cuida o nos cuidamos del Estado?

Ojalá que la captura de Gerald Oropeza no haga que se baje la guardia o se le dé menos importancia al tema de la proliferación y comercialización de granadas de guerra.

El hecho de que se haya comprobado que una sola persona tenía en su poder –debajo de su cama– 40 granadas, y que las comercializaba libremente, nos da una idea de lo relativamente fácil que seguramente era conseguir y movilizar este material.

Pero, además, este descubrimiento abre una interrogante igualmente preocupante: si había uno que tenía 40, ¿cuántos más puede haber con menor o mayor cantidad de granadas en su poder, en Lima y en provincias?Las granadas de guerra que se vienen usando tanto en Lima como en el interior del país, y que se envían como mensaje amenazante, que destrozan las fachadas de las casas de los extorsionados o que matan a un policía en la entrada de un colegio salen de algún sitio. No aparecen mágicamente.

Alguien las trafica. Y eso es lo que hay que determinar. ¿Quién abastece a los comercializadores de este tipo de artefactos explosivos?, ¿salen de los cuarteles?, ¿alguien las importa?, ¿provienen del narcotráfico?

Un operativo de un día, a puerta cerrada, con una extraña e inexplicable orden de inamovilidad en los cuarteles para contabilizar las granadas no resuelve el problema. Sobre todo cuando circula la información de que cientos de granadas tipo piña desaparecieron de estas instalaciones en años anteriores.

El Estado en este asunto, así como en el caso de la DINI, debe garantizar que todo el material que se adquiere para defender nuestra seguridad externa e interna –y que se compra con los impuestos que todos los ciudadanos pagan– sea usado precisamente para la defensa del territorio y la seguridad de los ciudadanos. Y no, desgraciadamente –si se comprueba que es así–, para perseguir, reglar, robar y asesinar a los peruanos.De lo contrario, estaríamos frente a una situación que nos obligaría a cuidarnos de lo que el Estado hace y adquiere.