Lo que entra por la puerta falsa, sale por la ventana

En una sentencia que constituirá un histórico precedente, la ‘Ley Mordaza’ ha sido declarada inconstitucional, lo que en esta redacción celebramos. La ley que impedía al Estado anunciar en medios de comunicación privados y atentaba contra derechos fundamentales quedará sin efecto en los próximos días, cuando el Tribunal Constitucional publique la sentencia que dictó ayer.

Aplaudimos el fallo que, como se señaló desde este diario y desde diversos foros, incluidos los académicos, infringía la Constitución al vulnerar los derechos a la libertad de información y contratar con fines lícitos, así como diversas regulaciones estatales. Era una ley contra la prensa que nos colocaba entre los países no democráticos y que afectaba a la ciudadanía y al Estado.

“El pueblo tiene derecho a informarse a través de todos los medios”, dijo ayer el presidente del TC, Ernesto Blume. “Es un derecho fundamental para el funcionamiento de la democracia y del Estado constitucional”, abundó.

Que quede claro ello para el autor del despropósito, el congresista Mauricio Mulder, quien encontró eco a su idea en la bancada fujimorista, en momentos en que la prensa era muy crítica sobre los gastos del Parlamento que iban contra la austeridad.

La bravata de la mayoría comenzó con la arbitraria etiqueta de “prensa mermelera” y siguió con la aprobación de la ‘Ley Mordaza’, que pretendieron hacer pasar como una norma que cuidaba el uso de los recursos del Estado.

Al final, lo único que escondía esa inconstitucional ley era venganza, animosidad y abuso de poder. Una suerte de chantaje a los medios y a los periodistas que se muestran críticos y fiscalizadores con quienes están en diversos puestos del poder, pues la intención, qué duda cabe, era afectar medularmente el funcionamiento de la prensa independiente. Sin censurar o regular directamente a los medios, se les golpeaba y lo han hecho en los casi cuatro meses que ha regido esa ley desproporcionada e irracional.

Y a propósito de atropellos, los que aprobaron la ley de Mulder fueron los que ayer, de manera acelerada, exonerando trámites y saltándose formalidades básicas previstas en el Reglamento del Congreso, aprobaron una ley para que Alberto Fujimori cumpla en arresto domiciliario el resto de su condena. Con la sola fuerza de su mayoría y un cortísimo debate, Fuerza Popular y seis no agrupados, entre ellos cuatro kenjistas, pasaron por encima de los demás parlamentarios. Y una ley que podía ser realmente humanitaria, como su título lo dice, y que podría haber favorecido a personas en condiciones delicadas que están en los tugurizados penales del país, ahora sería observada por el Ejecutivo.

El proyecto de Yeni Vilcatoma otorga beneficio a adultos mayores que hayan completado un tercio de sus sentencias y tengan problemas de salud crónicos o enfermedad grave. Sin embargo, por la prepotencia con la que se aprobó, esta iniciativa ha terminado generando una nueva crisis al interior del Legislativo.

Sin haber aprendido nada, horas antes el TC había declarado inconstitucional la ‘Ley Mordaza’ que ese sector de legisladores tanto aplaudió; en el Congreso se volvió a actuar como vengando una situación judicial, la de su lideresa, Keiko Fujimori, que está sometida a una detención preliminar a pedido de la Fiscalía. Lo que entra por la puerta falsa, sale por la ventana.