Fernando Cáceres: Infra... estructura

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Hoy existen US$ 17,000 millones en proyectos de infraestructura de uso público trabados o en riesgo de trabarse (según la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional). Empresarios y funcionarios coinciden en que el principal problema son los terrenos. Tenerlos disponibles para realizar las obras se ha vuelto uno de los mayores obstáculos para mejorar nuestro bienestar.

El problema incluye expropiaciones, pero no se agota en la propiedad. Muchas veces debe lidiarse tanto con propietarios como con poseedores e incluso reasentar poblaciones enteras, donde hay un costo social que minimizar.

Los procesos de saneamiento también son complejos, pues hay sucesiones intestadas, diferencias entre la extensión real y la que aparece en Registros Públicos, y hasta titulares que aún tienen libreta electoral de tres cuerpos (y no pueden firmar).

Además, no se conoce el trazado de varias redes de servicios públicos que interfieren con las futuras obras, con lo cual construir en el subsuelo se convierte en un acto de fe; y si se conoce, pero se trata de un servicio prestado por una empresa pública, solo el proceso de selección del contratista tomará varios meses más.

Existe un proyecto de ley que propone prorrogar la aplicación de la Ley 30025, que facilita el proceso de expropiaciones. Esto es necesario, pero para lograr ahorros sustanciales en los plazos para tener disponibles los terrenos, no podemos seguir esperando el desenlace de todo el proyecto de inversión (identificación del proyecto, prefactibilidad, factibilidad, estudio detallado de ingeniería, licitación y contrato), para recién empezar a estudiar los predios por donde irá la construcción. Si realizamos estos procesos en simultáneo, como me lo hizo notar Alan Alarcón, procurador público del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, podríamos ahorrar hasta un par de años por proyecto. Gestionemos este cambio.