Fernando Cáceres: ¿Mi tarifa subirá?

Cuando se propone concesionar el servicio de agua, muchos se preguntan "¿mi tarifa subirá?". En una democracia, y tratándose de un derecho humano económico, como es acceder al agua potable bajo condiciones asequibles, la pregunta que debemos hacernos es si, como sociedad, estaremos mejor tras una concesión. Ello requiere proyectar el impacto de una concesión en el bienestar social de, al menos, tres grupos de ciudadanos.

Primero, están quienes accederían al agua potable tras una concesión. Según los cálculos de Contribuyentes por Respeto, sin conexión se gasta, al menos, 27 veces más, considerando solo el mayor precio del agua de un camión cisterna y el tiempo invertido en conseguirla (sin contar el impacto en la salud). La concesión representaría un impacto positivo en su bienestar social, pues se gastaría menos por un bien de mayor calidad. Segundo, están quienes seguirán sin acceso, pues la brecha no se cerrará inmediatamente, a pesar de los subsidios que puedan aplicarse. Para ellos, la realidad no cambiará. Tercero, estamos quienes tenemos conexión. La calidad mejoraría en términos de continuidad, pero la tarifa aumentaría. Hoy pagamos montos irrisorios bajo un esquema absurdo donde se subsidia el consumo de los primeros 20 metros cúbicos, en vez de por nivel socioeconómico, como en Chile y Colombia. Con el paso del tiempo, la tarifa que estaría regulada por la Sunass tendería a bajar en la medida que el costo medio se reparta entre más gente con acceso.

Esta semana se cayó el puente Topará en la concesión de CoviPerú, cuyo costo de reposición será asumido por el concesionario. Sin concesión, los contribuyentes hubiésemos tenido que asumir el costo de esta negligencia. De eso tratan las asociaciones público-privadas, de mirar más allá de "mi tarifa" y buscar el bienestar público, apalancándonos en la gestión privada. Eso sí, urge fortalecer a los reguladores para alejar a los mercantilistas de los proyectos de infraestructura.