El fiscal en Paracas

Cada edición del principal foro empresarial del Perú, denominado CADE por las siglas de Conferencia Anual de Ejecutivos, deja aplausos y críticas por las intervenciones de políticos y empresarios, en un marco que en varios ámbitos resulta predecible.

Más allá de los títulos del evento y del programa de conferencias, CADE está marcada por la coyuntura. El año pasado había gran expectativa por las presentaciones de los ministros y el presidente Kuczynski, que iniciaba la caída de su aprobación, con 51% de respaldo (Ipsos, noviembre de 2016), mientras que 2015 estuvo marcado por la campaña electoral presidencial, con las presentaciones de los candidatos Toledo, García, Acuña, Kuczynski y Fujimori (los primeros en las encuestas a cuatro meses de las pasadas elecciones).

Hoy, el ambiente político y de la gran empresa del país tiene el sello de Lava Jato. Los millonarios casos de corrupción que se vienen investigando sobre las constructoras brasileras, sus socias peruanas y altos funcionarios públicos de los últimos tres gobiernos así lo evidencian. La orden de prisión preventiva contra altos directivos de Graña y Montero, JJC Camet Contratistas Generales e ICCGSA se puede cuestionar jurídicamente, aunque, sin duda, es un mensaje político potente.

En este contexto, la atípica participación del fiscal de la Nación en CADE no resultó extraña, ni sorprendieron sus palabras invocando al respeto de la autonomía del Ministerio Público, recordando críticamente la dinámica judicial de fines del siglo pasado (apuntando al fujimorismo, que lo ha denunciado constitucionalmente), así como reafirmando su compromiso para evitar la impunidad.

Fue precisamente en CADE, hace solo dos años, que Moisés Naím en una brillante exposición enfatizó la urgente necesidad de enfrentar la impunidad de poderosos delincuentes, en el marco de una reforma del sector Justicia, con el objetivo de construir una institucionalidad que otorgue viabilidad al desarrollo empresarial y de la sociedad en general. ¿Hace cuántos años sabemos que la reforma política y judicial es “impostergable”?