Juan Mendoza Pérez: La Ley de la Selva

Economista

El crimen no paga, quisiéramos creer. Pero el número de delitos viene creciendo más de 10% durante los últimos años, y múltiples sondeos concluyen que la inseguridad es la principal preocupación ciudadana. El análisis de los datos sugiere que al Estado peruano poco le interesa enfrentar la amenaza de la delincuencia.

Según el Barómetro de las Américas, el Perú es el país con mayor índice de victimización en América Latina. Cada año, uno de cada tres peruanos sufre en carne propia a manos de los delincuentes. El desencanto de la población con la seguridad pública es tal que menos de uno de cada diez delitos es denunciado.

Vivimos amurallados, entre rejas y cercos; los guardias privados –muchas veces policías mal pagados, en sus días de franco– son omnipresentes; el miedo y la aprehensión dominan la cotidianidad. Delincuentes extranjeros migran al Perú atraídos por la rentabilidad de la vida criminal.

Por supuesto, la delincuencia no ha aumentado por generación espontánea. El deterioro de la seguridad ciudadana se debe a que el Estado peruano asigna pocos recursos para proteger a la población. En particular, la participación del presupuesto del Ministerio del Interior en el presupuesto nacional ha caído desde más de 8% en el 2000 a 5.5% en los últimos años. También han caído los recursos del Ministerio del Interior como fracción del Producto Bruto Interno. El presupuesto del INPE es apenas una cuarta parte del de su par chileno en términos absolutos y una octava parte en términos per cápita.

Y no es que nos falten policías: el número de agentes por habitante en el Perú es el doble que en Chile. Lo que nos falta es una Policía bien pagada y organizada. A pesar del crecimiento de la delincuencia, nos damos el lujo de tener la Policía peor pagada de la región. Colombia y Ecuador les pagan más del doble a sus policías. Y como consecuencia del absurdo 24×24, entre otros factores, menos de un tercio de la fuerza policial efectivamente patrulla las calles. El equipamiento moderno brilla por su ausencia en la Policía Nacional. Tres de cada cinco comisarías no están conectadas con el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil.

Día tras día, es la ley del más fuerte, el código del pillo y del truhán, la ley de la selva, la que se impone en nuestra sociedad. Y son los más pobres los que más sufren para protegerse de la delincuencia. La ausencia de adecuada provisión pública de seguridad es la más nefasta política social.