[Opinión] Patricia Teullet: La falacia de una nueva Constitución

La definición de izquierda y derecha asume una diferenciación entre la primera (la socialmente consciente) y la segunda (la que aboga por la gran empresa) que no es en absoluto cierta. Es más exacto hacer referencia a un sector que desea retornar a un modelo en el cual el Estado tiene un rol empresarial vs. uno en el cual este rol es subsidiario (limitado a las actividades que no pueda desarrollar el privado) y regulador, para impedir el abuso ante las fallas de mercado. En buena cuenta, este último es aquel que la actual Constitución defiende.

Hace unas semanas, el IPE publicó datos que muestran cómo es que el país se benefició con el modelo de una economía de mercado (o “social” de mercado, como prefieran llamarla): para comenzar, gracias a la independencia del Banco Central y el control de la emisión y financiamiento del Tesoro, se logró controlar la inflación, el “impuesto” que más afecta a los pobres y que había llegado a niveles en los cuales el dinero no valía lo mismo en la mañana que en la tarde. A eso, sumar el hecho de que, gracias a un compromiso de respetar las reglas originales (lo pactado contractualmente), se incrementaron la inversión privada nacional y la extranjera, lo cual generó crecimiento y empleo y, por ende, reducción de la pobreza.

Sin embargo, el ofrecimiento de una nueva Constitución, especialmente con reformas en el capítulo económico, entusiasma a la población. ¿Por qué? Las razones pueden ser varias: porque ha pasado ya tanto tiempo que no recordamos cuál era la situación con el régimen de la Constitución del 79 y sus empresas públicas manejadas como ahora lo es Petroperú; porque la pandemia originó retrocesos que hoy aún se mantienen para muchos; porque, cuando se mira alrededor, inevitablemente se sigue viendo desigualdad; porque, a pesar de tener los recursos (gracias a una mayor recaudación también generada por el crecimiento), el Estado ha sido incapaz de atender necesidades como las de salud y educación. Se dice también que se debe a que quienes defendemos la Constitución del 93 no hemos sabido dominar la narrativa y nos hemos dejado apabullar por el discurso de quienes desean reimponer el régimen anterior. Puede ser cierto, pero, si hubiéramos sabido cómo manejarnos mejor en los periodos de bonanza, habría sido hoy más fácil explicar (y entender) por qué no debemos perder lo alcanzado. Ahora, que se ha reducido el crecimiento, no hay empleo y han aumentado los precios, resulta más complicado explicar que antes estuvimos aún peor.