Juan José Garrido: ¿Queremos reformas?

A contrapelo de la mayoría de colegas y analistas, me encuentro a favor de la llamada “ley antitránsfuga”. El principio es simple: detrás de nuestra precariedad institucional (un Poder Judicial lento y corrupto, un Estado elefantiásico que no funciona a favor de los ciudadanos sino como un botín personalísimo, altas cargas regulatorias y demás) se encuentra un sistema político enclenque y corrupto, en el que los partidos sirven como vehículo para hacerse de ese botín llamado Estado, y desde ahí beneficiarse y beneficiar a sus allegados.

Para hacer una reforma institucional amplia y profunda, se requiere una reforma política y, posteriormente, un acuerdo político que cierre filas detrás de las reformas mencionadas. Ello solo podrá ocurrir con partidos políticos fuertes y transparentes. Una de las maneras de fortalecer a los partidos políticos es impidiendo que estos sean utilizados como vientres de alquiler y/o que sus miembros puedan dejar un partido y se puedan pasar a otro sin consecuencias.

La propuesta antitránsfuga no es nueva; de hecho, está entre las propuestas presentadas por la Asociación Civil Transparencia, que en el segundo capítulo (¿Cómo mejorar el funcionamiento del Congreso?) propone (en “Continuidad en el número de bancadas”) que “los candidatos que dejen de formar parte de un partido político… no puedan integrarse a otras bancadas o crear una nueva”. Estos puntos más o menos son lo mismo que propone la “ley antitránsfuga”.

Por ello, me sorprende que ahora muchos de los promotores de estas reformas se encuentren a favor de un fallo del Tribunal Constitucional (TC) que declare nula la ley en cuestión. Vistas las cosas, pareciera que el repentino cambio se debe a los beneficios que la ley brindaría al fujimorismo, dejando de lado el fondo del asunto.

Dicho sea de paso, no sería la primera vez que el TC falla con mirada política y/o ideológica. El fallo del TC en el caso Telefónica, donde devuelve la estabilidad laboral en la práctica, es el mejor ejemplo.