Juan José Garrido: ¿Y los tiburones?

El 23 de julio de 2014, el gobierno de Ollanta Humala le adjudicó a Odebrecht el proyecto Gasoducto Sur Peruano. Al día siguiente, jueves 24, Perú21 anunciaba la firma en portada, con una bajada que cuestionaba el proceso: “Consorcio descalificado en el proceso lleva el caso al Poder Judicial”. Y en el editorial de ese día, sostenía que, más allá de si el proyecto era necesario o no, “habría sido ideal que el concurso sea más transparente y, sobre todo, más estudiado”.

Perú21 corroboró las hipótesis en las siguientes semanas: en efecto, el proceso había sido guiado, desde el Ejecutivo, a través de ex asesores de la empresa Odebrecht (y/o sus empresas satélites). Señalamos, entonces (2 de julio), que Edgar Ramírez, cabeza del comité que brindó la buena pro, había brindado asesorías a Kuntur y Odebrecht. ¿Quiénes lo designaron? El presidente Humala y el ministro de Economía, Miguel Castilla. El ministro de Energía y Minas, Eleodoro Mayorga, también conocía de la relación.

Pero ahí no acababan las denuncias. Los dos estudios de abogados que elaboraron los sustentos legales para descalificar a los postores habían trabajado para Odebrecht. Hasta el ministro Mayorga, como consultor, había trabajado para Odebrecht. Y ni así se armó un escándalo.

Resumiendo: no se tenían reservas probadas para el proyecto, se armó un equipo de ex asesores de una empresa concursante para armar el concurso, se eliminó a la competencia, se adjudicó un proyecto de US$1,300 millones en US$7,000 millones, y solo un par de voces se animaron a llamar la atención. Peor aún: la empresa constructora pretendía, vía Eleodoro Mayorga y el gobierno “nacionalista”, adjudicar una petroquímica (US$8,000 millones adicionales) a Braskem, filial de Odebrecht.

Ramírez ya está en la mira, pero aquí cortaron el jamón muchos más. Humala, Castilla, Mayorga, los estudios involucrados y otros más deberían pasar por la justicia. La pita, en casos de corrupción, no debe cortarse por el lado más débil. Sería una burla que caiga solo un funcionario de tercer nivel y que los verdaderos responsables sigan libres.