Por qué no confío en el Estado peruano

Con motivo de iniciativas legales y propuestas electorales, la discusión sobre si el Estado es intrínsecamente ineficiente y/o corrupto, y si el sector privado peca de lo mismo se acaloró en redes sociales.

Estado y mercado pueden ser defectuosos, sin duda. Y la corrupción estatal implica también a un privado. Se da en gobiernos de todo el espectro político. Para combatir la corrupción es indispensable tener una Contraloría que sepa priorizar y no atemorice al funcionario probo, y una Fiscalía y Poder Judicial independientes y sólidos. Y es una lucha perenne, porque siempre que alguien toma decisiones (autoridad o funcionario) por otro (ciudadano), puede torcer la manera en que debe ejercer su obligación para obtener un beneficio personal ilícito.

Tener el poder para decidir por otro es también el principio que está presente en cuán eficiente puede ser el Estado. Un funcionario o autoridad puede no ser corrupto, pero sí indolente, incapaz, desinteresado, de los que calientan asiento o miran al techo mientras el ciudadano no es atendido. Y el ciudadano no tiene alternativa, porque usualmente el Estado es monopólico en los servicios que presta. En ese sentido, un mercado competitivo ofrece más opciones, pero se tiene que promover y garantizar esa competencia.

El Estado es, sin duda alguna, la organización más grande de prestación de servicios en el Perú, y también la que tiene la estructura organizativa y procedimientos más complejos e ineficientes. Lo hemos visto a lo largo de la pandemia todos los días: es difícil para el Estado tener bases de datos al día para vacunas y bonos; resulta complejo conseguir que se entreguen canastas de alimentos a través de los municipios; ha habido compras mal hechas y/o corruptas de material clave para varias instituciones públicas, incluida la policía y la propia Contraloría.

Para que protejan sus intereses y atiendan sus necesidades, un ciudadano peruano vota para elegir a un alcalde distrital, otro provincial y un gobernador regional cada 4 años, y un presidente, vicepresidentes y congresistas cada 5 años. Esos candidatos salen de grupos políticos que hoy no tienen representatividad, como lo demuestran las encuestas. Estas autoridades deciden por él o ella durante ese lapso, sobre la base de leyes muchas veces mal hechas (varias inconstitucionales, como consta en los últimos meses) y con la colaboración (o sin ella) de más de un millón de empleados públicos, la enorme mayoría de los cuales no tiene ningún incentivo para hacer las cosas bien o mal. Si bien existen islas de modernidad del Estado peruano, son la excepción y no la regla. E incluso las mejores instituciones, como el BCR y la SBS, fueron vulneradas durante el período 1985-90, o no habríamos tenido hiperinflación. Ese Estado necesita reforma para volverse confiable.

PD. Mi solidaridad con la familia de Renzo Rossini, uno de esos funcionarios estatales que deja una vida de ejemplo de servicio público.