Luis Davelouis: ¡Mi negocio no!

Hace algunas semanas, una investigación de Ojo Público reveló que en los últimos 10 años el Estado les había dejado de cobrar a las empresas del sector educación un monto cercano a los S/70 mil millones. Para ponerlo en perspectiva: este año todos los programas sociales costaron S/5,400 millones. Con lo que dejaron de pagar las empresas del sector educación, alcanzaría para financiar 13 años de programas sociales que benefician a casi 5 millones de personas.

La Ley Universitaria afecta a muchos de esos negocios educativos que gozan de exoneraciones tributarias a cambio de reinvertir en mejorar las condiciones que ofrecen a sus estudiantes. Pero es imposible preguntarse adónde se fue ese dinero que no se le pagó al Estado cuando uno ve que algunas universidades funcionan en corralones, en segundos pisos de chifas, en garajes, en depósitos sin ventanas ni baños. O cuando se entera de que algunas de ellas venden el pase directo a segundo o incluso tercer ciclo si el postulante paga una matrícula un poco más alta y da un examen.

Esas, entre muchísimas otras irregularidades, hacen evidente que el dinero que el Estado dejó de cobrar no ha sido invertido adecuadamente. Eso, sin considerar a quienes consignan como inversión en infraestructura el auto de lujo que se le asigna al rector.

El negocio educativo es tremendamente lucrativo porque tiene beneficios tributarios, porque al estudiante –y a su familia– le toma al menos 5 años enterarse de si es que lo estafaron o no con la educación que le vendieron y porque –hasta la aparición de la Ley Universitaria y la Sunedu– todos ellos se supervisaban a sí mismos, lo que explica en buena medida el desastre que es esa educación en algunos casos.