Luis Davelouis: Telefónica mon amour

Parece muy simple: uno paga por un servicio que espera recibir y si no lo recibe, no debe pagar por él, ¿cierto? En teoría, sí. Pero, ¿qué pasa si el mencionado servicio es deficiente o su calidad está por debajo de la ofrecida por el proveedor? Uno se cambia de proveedor, ¿verdad? Otra vez, en teoría, sí. ¿Y qué pasa cuando las condiciones del mercado no permiten que exista una competencia adecuada que convierta los supuestos anteriores en verdades? Para eso existen los reguladores, como Osiptel. El mercado peruano de las comunicaciones está concentrado y por eso es necesario que exista un regulador. Ahora bien, ¿hace el regulador su trabajo? En la medida de lo posible, según ellos, sí. Pero se enfrentan –otra vez, según ellos– a una pared insondable: el Poder Judicial que admite una tracalada de demandas que judicializan prácticamente todo (en el Perú, todo es judicializable, pero de eso hablaremos en otro momento) y hace imposible o muy difícil el trabajo de discutir, regular y sancionar cuando se incumplen las normas, las regulaciones o incluso la ley.

¿Qué hacemos entonces? ¿Estamos atrapados por los proveedores de servicios deficientes porque no hay competencia y la regulación es insuficiente? Es decir, puede venir a tocarme la puerta todo el directorio de AFIN y el servicio por el que le pago a Telefónica no reaparecerá, como de hecho no aparece hace cuatro días. Pueden decirme lo que les dé la gana respecto de cómo el libre mercado ha mejorado el servicio y cómo hace 25 años para comprar una línea fija había que pagar US$2,000 en el mercado negro y hoy lo tienes en 48 horas a una fracción del costo. Pero se supone que gracias al mercado las cosas mejoran hoy respecto de ayer, no de hace 23 años, cuando cambiamos la Constitución.