Maniobra con segunda

El traslado de Vladimiro Montesinos y más adelante el de los cabecillas de las organizaciones terroristas –Sendero Luminoso y MRTA– que asolaron el Perú por más de una década justo en la víspera de la presentación del gabinete Bellido, conduce a no pocas sospechas y reflexiones.

En primer término, preocupa poderosamente lo de Montesinos, pues no se puede descartar que, una vez fuera de la cárcel en la Base Naval del Callao, este gobierno intente acercarse al asesor para recurrir –a cambio de ciertos favores que flexibilicen su encierro y le garanticen seguridad, por ejemplo– a su demostrado conocimiento y capacidad de manipulación de los poderes del Estado y de las FFAA. La actual administración no es ducha ni en esa ni en otras materias, su orfandad se hace más evidente cada día que pasa: tal y como le sucedía a Alberto Fujimori en los primeros días de su mandato en el segundo semestre de 1990.

Teniendo en cuenta la conocida amoralidad del recluido excapitán Vladimiro Montesinos –velasquista primero y fujimorista después–, sus malas artes y su expertise en las más bajas maniobras políticas, no es iluso pensar que de Vladimiro a Vladimir hay solo una vocal de distancia.

No menos importante, sin embargo, es la salida de cabecillas senderistas y emerretistas de una cárcel de alta seguridad, lo que no deja de ser congruente con algunas de las demandas que sobre los terroristas presos hicieron los candidatos de Perú Libre durante la campaña. No olvidemos la infinidad de vínculos, documentados fehacientemente, que dirigentes y militancia de ese partido tienen con organizaciones como Movadef (‘Movimiento por la Amnistía y Derechos Fundamentales’… de los terroristas presos) y colectivos satélites.

¿A qué tipo de encierro pasarán ahora estos delincuentes terroristas? No olvidemos que tanto SL como el MRTA protagonizaron, en su momento, sonadas fugas y sangrientos motines en los penales donde estaban encerrados. De reubicarlos, tendría que ser en algún centro penitenciario que ofrezca las mismas condiciones de seguridad y aislamiento para que cumplan su condena hasta el último día, tal y como lo manda la justicia.

Los riesgos que todos estos traslados implican para la democracia y la seguridad del país son enormes. El ministro de Justicia, Aníbal Torres, debería sopesar muy bien las consecuencias de su participación, pues resulta obvio que hay un plan definido.