Fiscalizar ahora

El drama del trabajo precario en el Perú volvió a cruzar el umbral de la tragedia hace unos días, con la muerte de los jóvenes Carlos Gabriel Campos Zapata (19) y Alexandra Antonella Porras Inga (18), que laboraban en el local de McDonald’s en Pueblo Libre. Ambos murieron electrocutados por una de las máquinas expendedoras de bebidas, mientras realizaban la limpieza de la cocina en condiciones –según se pudo apreciar en las imágenes difundidas, ya planetariamente– bastante alejadas de los protocolos de seguridad al uso, para decirlo con deliberada moderación.

Y estamos hablando de una marca reconocida globalmente por su protagonismo en el mercado de la comida rápida, de una multinacional cuya subsidiaria en el Perú, Arcos Dorados, que hace negocios de marcada suculencia económica y hasta se jacta de generar empleo, al parecer no se preocupa en absoluto por la salud e integridad física de sus trabajadores. Si esto ocurre en la esfera del trabajo formal, con contratos legales e inscritos en las correspondientes instancias laborales del país, la pregunta sobre el trabajo informal podría recibir respuestas rayanas en lo terrorífico.

La ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, Sylvia Cáceres, ha declarado que la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) está investigando el caso “de manera reservada” (¿?), con el apoyo de la Policía Nacional y el Ministerio Público, pero hasta ahora las reacciones de las autoridades resultan a todas luces insuficientes y hasta exasperantemente parsimoniosas ante los cuerpos sin vida de estos muchachos y las acongojadas familias que dejan.

Es un tema de fiscalización, ciertamente, pero hablamos de una fiscalización de calidad y, sobre todo, con recursos, pues a los problemas de insalubridad, por los que estas franquicias de fast food han sido denunciadas en reiteradas oportunidades, se suman, precisamente, las paupérrimas condiciones, tanto en términos sanitarios como de seguridad, en que se desempeñan sus trabajadores, la gran mayoría jóvenes, a part-time y sometidos a rotaciones trimestrales que les impiden dominar los riesgos a que están expuestos.

Ese promedio de 19 muertos al mes por accidentes laborales, registrados por la propia Sunafil, es una cifra escalofriante que exige una reacción más decidida del Ministerio de Trabajo.