Mordaza a la vista

La ley contra la libertad de prensa y de opinión que pretende aprobar este Congreso en el próximo Pleno es propia de dictaduras como las de Maduro (Venezuela), Ortega (Nicaragua) o los Castro (Cuba).

Una ley no solo para acallar denuncias e investigaciones periodísticas, sino para encarcelar a los enemigos. Para nadie es un secreto que los otorongos locales buscan –al igual que los autócratas de los países mencionados– ocultar sus inconductas, negociados y eventuales delitos, que en el caso peruano no son pocos.

Como ha sucedido con otros temas, los propulsores de este proyecto de ley –que van de extremo a extremo ideológico en el hemiciclo, a excepción de la bancada de Fuerza Popular– han venido haciendo su labor de zapa casi como por lo bajo, hasta que decidieron dar un golpe sobre la mesa.

Una vez más las huestes de Perú Libre y el Bloque Magisterial coinciden alegremente con las de Renovación Popular, Alianza para el Progreso, Podemos Perú y representantes afines. Todas estas bancadas, por cierto, arrastran sonadas denuncias e investigaciones en marcha, sea en la Fiscalía o en el propio Parlamento.

Como bien ha señalado nuestro columnista Aldo Mariátegui, conviene tener en cuenta un antecedente crucial para la coyuntura que vive el país a este respecto. En 2011 quedó en manos del entonces presidente, Alan García, frenar iniciativas de similar calado promulgando una ley aprobada por el Congreso de ese momento que despenalizaba la difamación. No obstante, ya en los últimos días de su mandato, García y su ministra de Justicia Rosario Fernández observaron la autógrafa, dejando desprotegido al periodismo independiente que investiga y denuncia al poder. Hecho deplorable, sobre todo cuando ya soplaban vientos cargados de chavismo, autoritarismo y populismo.

De prosperar este despropósito mayúsculo, de clara raigambre autócrata, que atenta contra una de las libertades esenciales de toda democracia, el perjuicio para la imagen del Perú será dramáticamente costoso.