Operación control

Lo que faltaba. El jefe nacional de las Fiscalías Anticorrupción, Omar Tello, ha ordenado a su equipo de fiscales que le avisen, obligatoriamente, cada vez que haya una diligencia en instituciones del Estado. Esto después de que la Fiscalía de Norah Córdova hiciera, el 20 de diciembre, una intervención en las oficinas de Petroperú.

Es decir, recorta drásticamente la autonomía de los fiscales especializados que tiene a su cargo y asume el control total de las diligencias que realizan estos magistrados. Una decisión alarmante que no tendrá otro efecto que el de retrasar las indagaciones, acopio de documentos y recojo de testimonios en casos de alta sensibilidad, que, como se sabe, involucran ahora a altos funcionarios del gobierno, incluyendo al propio presidente de la República, quien hasta tuvo el atrevimiento de exigir que le cambiaran al fiscal que lo investigaba.

No es la primera vez que Tello toma decisiones de tan dudosa legitimidad. Recordemos, como ha señalado Perú21, que, durante la última campaña presidencial, se entrometió en las investigaciones que se realizaban sobre un complejo caso de corrupción política, cuyos hilos también comprometían, desde ese entonces, a los candidatos de lo que hoy es el gobierno de Pedro Castillo. Hablamos por supuesto de lo que luego se reveló como la red criminal de Los Dinámicos del Centro, proceso que sufrió significativos retrasos debido a esa absurda y hasta hoy inexplicable intromisión suya.

Lo que ahora en cambio ha exigido por escrito a los fiscales de su área es que lo mantengan al tanto y, prácticamente, le pidan permiso antes de dar cualquier paso en las investigaciones que realizan, sean estas intervenciones –la de Petroperú, en busca de documentos, por ejemplo, así como la llevada a cabo en Palacio de Gobierno, donde se hallaron los 20 mil dólares que escondía Bruno Pacheco– o detenciones preventivas o por situación de flagrancia.

Todo un hachazo, pues a las atribuciones de los fiscales anticorrupción que les impedirá actuar de oficio cuando las circunstancias –denuncias ciudadanas o reportajes periodísticos– exijan celeridad inmediata para evitar que se pierdan evidencias o fuguen los implicados. Y ya sabemos de sobra quiénes son, y quiénes serán, los beneficiados.