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Minería
“La minería genera US$20 mil millones en divisas anuales mientras que la agricultura genera US$5 mil millones”.
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La puesta en marcha del proyecto minero Quellaveco es una gran noticia. Una inversión de US$5,000 millones que generará alrededor de 9,000 puestos de trabajo directos durante la etapa de construcción y más de 30,000 indirectos.
La minería representa el 11% del PBI, el 50% de divisas y el 20% de recaudación tributaria. La minería genera US$20 mil millones en divisas anuales mientras que la agricultura genera US$5 mil millones. De cada US$1,000 millones de exportación minera, se generan alrededor de US$1,470 millones de PBI adicional.
El impacto del sector minero en la economía es importante. Pero uno de los principales problemas para su desarrollo es la conflictividad social. Ello pese a que la evidencia demuestra que existe un impacto positivo de la minería en la pobreza y la inequidad. Este efecto positivo observado en provincias donde hay actividad minera resulta en mayor consumo per cápita y menor incidencia de pobreza.
La oposición a la gran minería liderada por sectores de izquierda con claros intereses políticos y económicos ha paralizado importantes proyectos mineros y eleva los costos de transacción de los que están en desarrollo. La conflictividad social y los costos de transacción que genera son un desincentivo para la minería formal, grande, mediana y pequeña. Como lo es la pequeña corrupción que prolifera en las instituciones del Estado encargadas de las autorizaciones y fiscalización.
Las comunidades campesinas y rurales temen que la actividad minera afecte sus fuentes de agua. Es un temor real. Por ello, el trabajo con las comunidades para entender sus temores, explicar el impacto del proyecto y resolver y mitigar los riesgos es absolutamente necesario.
La falta de presencia del Estado obliga a las empresas mineras a suplirlo, pese a que no es su rol, es la única forma en la que los proyectos se vuelven viables. Quellaveco, luego de un proceso de consulta con autoridades y representantes de las comunidades que duró 18 meses, se ha comprometido a invertir S/1,000 millones para proyectos de gestión del agua, medio ambiente e inversión social.
En la costa peruana se pierde el 83% del agua. Necesitamos invertir en reservorios para la cosecha y correcta administración del agua. La gran minería puede asumir los costos de grandes proyectos para las comunidades.
Sin embargo, la mediana y pequeña minería no tiene esa capacidad. El Estado debe asumir su rol, ejecutando proyectos y llevando servicios a esas comunidades para lograr desarrollar proyectos mineros que generen riqueza.
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