¿Cómo?

Los ciudadanos en el Perú están hartos de la clase política y de la corrupción vinculada a esta y a las grandes empresas. Quieren que se vayan todos. Incendiar la pradera y reconstruir el país. El problema es que, si los ciudadanos no se deciden a participar activamente en política, no quedará nadie para reconstruir el país.

Cuando cayó el régimen fujimorista, los peruanos pudimos ver en televisión lo que sabíamos que era una realidad: la corrupción en el Perú es endémica. Y así vimos en video cómo se hacían negocios, comprando jueces y congresistas. El problema es que aquellos que nos ofrecieron un mejor país, descubrimos 18 años después, fueron quienes, en lugar de transformar, saquearon las arcas del Estado. Democratizaron la corrupción.

Repartiéndosela entre todos. Y se enriquecieron haciéndonos creer que lo hacían siendo decentes y morales. Hicieron negociados, impulsaron adendas que enriquecieron a las grandes empresas y nos dejaron un país donde la corrupción nos cuesta aproximadamente S/12,974 millones al año (Defensoría del Pueblo). Se cree equivocadamente que vivimos una crisis del sistema judicial y político, y por ello el referéndum del domingo nos conducirá “a un camino sin corrupción y sin intereses particulares”, como ha sostenido el premier Villanueva. Cuando en realidad enfrentamos una crisis institucional nacional que no ha de resolverse con los resultados del domingo. No hay autoridad que rinda cuentas. Nadie asume la responsabilidad de sus actos porque nadie sabe ni siquiera cuáles son sus funciones. Nuestras autoridades no entienden qué es un conflicto de interés y siguen respondiendo a intereses privados.

El problema es que el hartazgo de los ciudadanos con la clase política los empuja hacia los extremos. Ya sea de izquierda o de derecha. En Puno acaba de ser elegido gobernador regional Walter Aduviri con el 43.5% de los votos, desde la clandestinidad, al pesar sobre él una orden de detención por haber sido condenado a siete años de prisión por el ‘aimarazo’. Ni un solo día en la cárcel y su condena ha sido anulada.

¿Cómo logramos obligar a las autoridades a rendir cuentas, si llevadas estas al Poder Judicial son protegidas por jueces corruptos o incapaces de administrar justicia? ¿Cómo logramos que los ciudadanos vuelvan a confiar en una clase política que sigue protegiendo a los suyos, y dilatando el levantamiento de inmunidad de delincuentes comunes llevados a congresistas por partidos irresponsables, como Mamani o Donayre?