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Golpe pro-corrupción
“Son los mismos congresistas, en Brasilia o en otros estados, quienes deciden su prisión”.
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En los últimos tres años, los fiscales federales y la Policía Federal de Brasil han realizado una admirable cruzada anticorrupción, realizando más de 1,000 operaciones grandes y chicas. Lava Jato, la de mayor alcance, ha tenido 59 suboperaciones y aún no se cierra.
Sin embargo, un mes atrás, la lucha anticorrupción recibió un duro golpe. El Supremo Tribunal Federal (STF) renunció a su autoridad para ordenar la prisión o suspender a los congresistas, entregando a ellos mismos ese derecho. Ello significa que, a partir de ahora, ningún juez puede mantener en prisión o suspender el mandato de un parlamentario si su propia Cámara no lo decide.
La decisión del STF fue tomada en función de beneficiar al senador Aécio Neves, pero abrió un antecedente judicial grave para la lucha anticorrupción.
La semana pasada, el Tribunal Regional Federal decidió la prisión del presidente de la Cámara de Diputados de Río de Janeiro y de otros dos diputados por corrupción y lavado de activos, como parte de la Operación Cadeia Velha. Los congresistas fueron capturados por la Policía Federal y enviados a prisión. Dos días después, los diputados de Río anularon la decisión judicial y liberaron a los detenidos. Los tres están ahora libres y de regreso en la Asamblea Legislativa.
La semana pasada, el Tribunal Regional Federal decidió la prisión del presidente de la Cámara de Diputados de Río de Janeiro y de otros dos diputados por corrupción y lavado de activos, como parte de la Operación Cadeia Velha. Los congresistas fueron capturados por la Policía Federal y enviados a prisión. Dos días después, los diputados de Río anularon la decisión judicial y liberaron a los detenidos. Los tres están ahora libres y de regreso en la Asamblea Legislativa.
A partir de ahora, son los mismos congresistas, en Brasilia o en otros estados, quienes deciden su prisión y la suspensión de sus cargos. Para un país en que la corrupción está generalizada en la clase política, ello significa entregar a los corruptos la decisión sobre su castigo. Es probable que este sea el fin de la prisión preventiva y la colaboración eficaz de los congresistas.
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