[OPINIÓN] Alfredo Torres: “Al borde del abismo”

Hace un año el Perú se libró de caer al abismo al fracasar el inaudito intento de golpe de Estado de Pedro Castillo, un candidato improvisado que llegó al poder apoyado por la extrema izquierda, que había recibido apenas el 15% de la votación total en la primera vuelta, y que solo logró triunfar en la segunda vuelta porque generaba menos resistencias que su rival. De Castillo el país se libró, pero la crisis política continúa y el riesgo de que se repita un escenario como el de 2021 es muy elevado.

Por eso es importante escuchar a la ciudadanía. Y lo que esta nos dice, mediante las encuestas, es que está muy insatisfecha con la democracia existente y que demanda cambios en el sistema político. Una encuesta de Perú21 - Ipsos publicada la semana pasada es muy clara al respecto. De una relación de más de 10 opciones en debate, las primeras tres respuestas de cambios requeridos son estas: 1) que se organicen elecciones primarias obligatorias (35%), 2) que se reduzca el número de asesores de los congresistas (31%), 3) que aumenten los requisitos para ser candidato (29%).  Veamos cada una de ellas.

Las elecciones primarias obligatorias son cuestionadas por varios partidos políticos porque se oponen a que sean abiertas a cualquier ciudadano. La alternativa de que sean cerradas a los militantes del partido (un militante, un voto) merece ser estudiada, pero, en cualquier caso, lo que debe preservarse de este proceso –algunos lo llaman la vuelta Cero– es que solo califiquen para la primera vuelta los partidos que superen un umbral de participación (la llamada ley PASO –que la Comisión de Constitución ha propuesto modificar– fija el umbral en 1.5% del electorado), de manera que se reduzca la dispersión y el consiguiente riesgo de que candidatos extremistas con poco respaldo pasen a la segunda vuelta.

El pedido de reducción del número de asesores de los congresistas no es una reforma política, pero sí es relevante porque expresa el rechazo popular a una institución que se ha ido alejando cada vez más de sus electores. Según una investigación de Apoyo Consultoría, el Congreso tiene más de 3,300 funcionarios a su servicio y un presupuesto mayor al del INPE, la Contraloría o el BCR. Y, por si fuera poco, acaba de aprobar el incremento de su presupuesto en más de 20% para 2024.

La demanda por más requisitos para postular es más compleja. No se trata de pedir más credenciales académicas –la mayoría de los políticos exhiben muchos cartones– pero sí de buscar mayor idoneidad ética. Por ejemplo, no se debería permitir la postulación de quienes mienten en su hoja de vida. Las elecciones primarias obligatorias serían un paso valioso para cumplir con ese objetivo porque “la vuelta Cero” –que se efectuaría meses antes de la primera vuelta– permitiría escudriñar con más tiempo a los postulantes a la Presidencia y al Congreso.

Tampoco debería permitirse que personas que hayan cumplido condenas por terrorismo, homicidio, secuestro, rebelión y crímenes de similar gravedad puedan postular a cargos públicos. Es verdad que, como recuerda Milagros Campos en su reciente libro Cómo salir de la crisis política, el Tribunal Constitucional ha decretado la inconstitucionalidad de una ley que impedía la postulación de quienes hayan cumplido condenas, pero eso tiene una solución: una reforma constitucional, como la que está impulsando ahora el Congreso para restablecer la bicameralidad. La situación no es hipotética: Antauro Humala fue sentenciado por homicidio, secuestro agravado y rebelión, y ya está en campaña con la oferta efectista de ser el “Bukele” peruano.

De las tres demandas más populares de la ciudadanía hay dos que resultan indispensables para recuperar la democracia peruana y defenderla de ser capturada por políticos extremistas o agentes de actividades ilegales: una de ellas es la aplicación de elecciones primarias obligatorias, que permitan conocer mejor a los precandidatos y reducir el número de opciones que puedan participar en la primera vuelta; y la otra, tan importante como la primera, una reforma constitucional que impida que personas que hayan cumplido condenas por delitos graves puedan postular en las próximas elecciones. No llevemos al país de nuevo al borde del abismo.