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[Opinión] Carlos Bruce: “La destrucción de la vivienda social”

Desde hace algún tiempo se vienen dando pasos para minar las bases mismas que sustentan el modelo de vivienda social en el país. Empezó en el gobierno de Sagasti cuando se permitió que los alcaldes emitan una ordenanza que prohíbe la construcción de proyectos Mivivienda en siete distritos pudientes de Lima. A pesar de lo discriminatoria de la norma, el Ministerio de Vivienda de entonces ni siquiera presentó una demanda de inconstitucionalidad ante el TC como correspondía.

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Desde hace algún tiempo se vienen dando pasos para minar las bases mismas que sustentan el modelo de vivienda social en el país. Empezó en el gobierno de Sagasti cuando se permitió que los alcaldes emitan una ordenanza que prohíbe la construcción de proyectos Mivivienda en siete distritos pudientes de Lima. A pesar de lo discriminatoria de la norma, el Ministerio de Vivienda de entonces ni siquiera presentó una demanda de inconstitucionalidad ante el TC como correspondía.
En ese mismo periodo se hizo una pésima planificación financiera que dejó sin recursos al Fondo Mivivienda (FMV) a tal punto que hoy ya no está otorgando créditos. La actual administración está viendo cómo transferirle fondos del propio Ministerio de Vivienda y del Tesoro.
Pero el problema es el presupuesto para el próximo año, donde solo hay 614 millones para bonos. De este monto solo se asigna 75 millones para Mivivienda, que solo alcanza para unas 5 mil familias cuando el FMV atiende normalmente a más del doble. La diferencia de 539 millones es para Techo Propio, con lo que solo se podrá asistir a 20 mil familias cuando generalmente se atiende el triple de eso.
Por cada sol que el Estado invierte en subsidios de vivienda se movilizan 20 soles en valor de viviendas construidas gracias a que al bono se le suma la cuota inicial de las familias y el crédito hipotecario; por eso es una buena inversión para el Estado.
El modelo de subsidio a la demanda nunca fue bien visto por la izquierda, que preferiría que sea el Estado quien construya las viviendas y las asigne directamente. De esa manera se genera clientelismo y oportunidades de “dinámicos negocios” de los que hemos visto en el pasado.