[OPINIÓN] Cecilia Valenzuela: Negociación incompatible

Lo que ha hecho la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, es completamente inaceptable. Negociar votos en el Congreso contra casos de la Fiscalía para mantenerse en el poder es cruzar una línea que una institución como la que dirige no se puede permitir.

La desproporcionada y prepotente sanción de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público contra el fiscal Rafael Vela, encargado de complejos casos de sobornos ligados al tema Lava Jato, así como los continuos maltratos a la magistrada Marita Barreto, daban ya indicios de que algo se estaba pudriendo en la Fiscalía de la Nación.

El país reconoce que, al llegar al cargo, Benavides puso en marcha con gran ímpetu las investigaciones contra el golpista Pedro Castillo, pero todo indica que no tardó mucho en hipotecarse a intereses ajenos al aparato de justicia.

Lo que hasta el momento las pesquisas del Equipo de Fiscales Contra la Corrupción en el Poder (Eficcop) —que encabeza la fiscal Marita Barreto— han logrado determinar, es gravísimo. Los documentos que revelan negociaciones de su asesor directo con más de 40 congresistas son contundentes. Todo ello, parte del expediente que el Eficcop logró estructurar antes de que la propia Benavides, en una maniobra desesperada, destituyera a la fiscal Barreto la madrugada de ayer; ardid conspirativo que, al incurrir en la figura de peligro procesal (‘Periculum in mora’), podría hasta llevarla a la cárcel.

La medida, por lo demás inconstitucional ­–al poner en riesgo la independencia de los magistrados del Ministerio Público–­, fue coronada con una insólita y abrupta denuncia contra Dina Boluarte y Alberto Otárola, entre otros funcionarios, por “homicidio calificado y lesiones graves” ocasionados durante las protestas del año pasado.

Es decir, como quien suelta una bomba para silenciar la que acababa de estallar alrededor de su despacho.

Si la fiscal de la Nación no renuncia luego de estas gravísimas acusaciones, no solo constitucionales, sino también con implicancias penales, ya que habría incurrido en tráfico de influencias, la Junta Nacional de Justicia debe suspenderla de oficio, de inmediato.

Perú21 expresa su total respaldo a las investigaciones que, con independencia, probidad y rigor, han realizado la fiscal Marita Barreto y el Equipo Especial y demanda que el nuevo titular que ingrese en reemplazo de Benavides reponga a Barreto en el cargo y le permita continuar con sus investigaciones.