[Opinión] Diego Pomareda: Constitución de arriba y Constitución de abajo

La asamblea constituyente sin límites es inadmisible en un Estado constitucional de Derecho. Sin separación de poderes, democracia, derechos esenciales y soberanía popular es imposible hablar de Constitución tal como lo ha expresado el Tribunal Constitucional y la Declaración de los Derechos del Hombres y del Ciudadano.

Estos elementos centrales se difuminan en la propuesta de reforma constitucional del Poder Ejecutivo cuando de arriba hacia abajo (de gobernante a gobernados) plantea una Asamblea Constituyente ajustada a ciertas reglas de parte sin un mínimo de consenso social o diálogo político. La legitimidad de una nueva Constitución, que supone un quiebre de los valores de una sociedad, no puede ser impostada o artificial.

Por el contrario, se requiere una actitud social espontánea de desconfianza generalizada frente a la organización estatal y sobre el acuerdo político que nos une como peruanos. Una Asamblea Constituyente requiere provenir de abajo, es decir, a iniciativa de un descontento inconciliable por parte de la ciudadanía, el cual se tiene que traducir en un momento constituyente pacífico y deliberativo que sirva como punto de ebullición para instaurar un proceso constituyente.

Al no estar frente a este escenario, al no identificar que los principales problemas del país dependen de la Constitución y tomando en cuenta que ni siquiera hay un acuerdo en el cómo (menos en el qué), queda claro que esta Asamblea Constituyente propuesta por el Poder Ejecutivo no es más que un gesto político sin respaldo popular.

Sin duda, el país requiere reformas constitucionales, como explico en el artículo de mi autoría que fue copiado por el Poder Ejecutivo. Por ejemplo, es urgente una Constitución con un enfoque anticorrupción; que posibilite el equilibrio entre poderes y la gobernabilidad frente a nuestro precario sistema de partidos; que fortalezca la economía social de mercado constitucionalizando al Indecopi y que les dé una verdadera importancia tanto a los derechos políticos como a los deberes fundamentales.

De lo expuesto, queda claro que la Constitución vigente debe ser reformada y tiene que ser actualizada al momento país que vivimos. Sin embargo, esta no es razón suficiente para atribuirle todos los males del país al actual texto constitucional, ni menos encontrar la solución de estos en una Asamblea Constituyente.