(Opinión) Hugo Perea: La factura del ruido político

Fecha Actualización

20/03/2022 - 07:00

El recorte a la calificación crediticia de la deuda del gobierno peruano que ha realizado Standard and Poor’s (S&P) el pasado viernes era algo que se veía venir. En octubre de 2021, esta agencia ya había puesto en negativo la perspectiva de esta calificación, usualmente un anticipo de que se viene un recorte si los factores que entran en la evaluación del deudor no mejoran. Lamentablemente, en los seis meses transcurridos, razones para revisar a la baja la calificación no han faltado.

Uno de los factores, tal vez el principal, detrás de esta decisión de S&P es el prolongado ruido político que padece Perú desde hace varios años. Este continuo deterioro institucional genera dos efectos perniciosos sobre la economía.

El primero es que eleva la incertidumbre que enfrentan los inversionistas, lo que disminuye el atractivo para apostar por el país. Una débil inversión privada conlleva un menor crecimiento sostenido y reduce la creación de empleo de calidad.

El segundo efecto es que no permite llegar a consensos para implementar reformas que promuevan la productividad y la competitividad, elementos centrales para mejorar los ingresos de los ciudadanos de manera permanente y elevar su estándar de vida. Por el contrario, lo que se vislumbra ahora es que la calidad de las políticas públicas se ha reducido sustancialmente debido a un sesgo cortoplacista y populista en las iniciativas que se vienen discutiendo o implementando. Al respecto, basta recordar las recientes acciones para limitar la tercerización laboral o el apoyo desde ciertos sectores del oficialismo a las iniciativas legislativas para retirar el total de los ahorros previsionales (algo que ha sido mencionado como una preocupación por S&P).

Cabe recordar que mantener una buena calificación crediticia redunda en beneficio de todos. El menor costo financiero que enfrenta un gobierno percibido como de bajo riesgo libera recursos públicos para, por ejemplo, elevar el gasto social de calidad o construir más escuelas, postas médicas, caminos, etc. Entre 2001-2006, en promedio el 23% del presupuesto público se destinaba al servicio de deuda. En 2007, la deuda peruana alcanzó el grado de inversión y algunos años después la proporción del presupuesto dedicado a este servicio cayó a alrededor de 9% (promedio entre 2015 y 2019). El haber mejorado en el rating crediticio y ganado confianza entre los inversionistas le permitió al gobierno endeudarse a tasas más bajas y extender la duración de la deuda pública.

La pandemia indujo un debilitamiento moderado de las finanzas públicas. Hoy con la mejora de la economía y un panorama favorable de precios de metales, los recortes de S&P y de otras agencias calificadoras en los últimos meses, tal vez, pudieron haberse evitado. Pero el ruido político nos ha pasado una factura onerosa que vamos a pagar todos los peruanos.

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