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[Opinión] Javier Alonso de Belaunde: Propuesta golpista
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Se ha difundido la idea de que sería posible que el Congreso anule las elecciones y convoque a nuevos comicios. Este planteamiento es abiertamente inconstitucional.
Las funciones y atribuciones del Estado están divididas para favorecer el control recíproco, evitar la concentración de poder y su abuso. En el vértice encontramos a los tres poderes: Judicial, Legislativo y Ejecutivo, pero no están solos. Concurren órganos creados directamente por la Constitución con tareas específicas, por ejemplo: la Defensoría del Pueblo, el Tribunal Constitucional y el BCR. Ninguno está subordinado a los tres poderes. Tienen autonomía e independencia para realizar su trabajo. Uno de ellos es el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).
La Constitución le encarga al JNE “asegurar que las votaciones traduzcan la expresión auténtica, libre y espontánea de los ciudadanos” y velar por “que los escrutinios sean reflejo exacto y oportuno” (art. 176). Es el guardián de la voluntad popular. Para ello, imparte justicia electoral con criterio legal, no político (art. 178.4 y 181).
Es lo que vemos a diario por televisión en las audiencias en las que los partidos discuten la validez de votos y actas. Solo el JNE es competente para decidir y, cuando culmine, proclamar los resultados.
Declarar la nulidad de las elecciones es también atribución exclusiva del JNE. No es una decisión discrecional, solo lo puede hacer ante 66% de votos inválidos o si se anulan circunscripciones que representen 1/3 de la votación válida (art. 365 LOE). Un umbral muy alto. Bajo ningún supuesto lo puede hacer el Congreso. Ello sería usurpar competencias, tal cual si pretendiera administrar nuestras reservas internacionales o emitir una sentencia. Por ello, en el supuesto improbable de que lleguemos a 28 de julio sin que el JNE haya terminado su labor, solo quedaría seguir esperándolo. El presidente del Congreso asumiría las funciones de la Presidencia temporalmente a la espera de la proclamación de resultados, sin posibilidad de desconocer las elecciones ni las funciones del JNE.
Quienes acogen la propuesta deben revisar su compromiso real con la Constitución y la democracia. ¿Aceptarían acaso esta postura si los resultados provisionales favorecieran a Fujimori y no a Castillo?
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