[OPINIÓN] Joaquín Rey: “Destructora de valor”

“Preocupa que el sector empresarial no tome una posición más crítica respecto de este tema y en general de la muy pobre gestión de la administración Boluarte en materia económica”.

Joaquín Rey

Fecha Actualización

17/09/2023 - 07:00

Si Petroperú fuera una empresa privada ya habría quebrado. Y es que su situación financiera es desastrosa por donde se le vea: su deuda equivale a cuatro veces su patrimonio, el año pasado tuvo pérdidas por S/1,000 millones y, como ha advertido la calificadora de riesgo Standard and Poor’s, este año pinta incluso peor, pues se proyecta que antes de fin de diciembre la petrolera liquide toda su disponibilidad de efectivo y la deuda se eleve a US$7,000 millones, casi US$1,000 millones más que a inicios del año pasado. De hecho, esta semana Petroperú ha solicitado un nuevo financiamiento por US$1,500 millones al Estado. ¿Acaso algún banco privado se lo daría?

En suma, es una empresa que destruye valor. Y el costo, claro está, lo asumimos todos. Cada vez que compramos un producto, parte del IGV que pagamos estará yendo a financiar este despropósito.

Estos paupérrimos resultados no deben sorprender si se considera la manera en que la empresa ha sido manejada en los últimos años. Desde el elefante blanco de la refinería de Talara —cuya inversión se multiplicó por 4.5 hasta alcanzar los US$6,000 millones— hasta la repartija de cargos en la época de Pedro Castillo, Petroperú solo ha dado razones por las que la actividad empresarial del Estado debiera ser reducida al mínimo en nuestro país.

Aunque es un escenario ideal, la privatización total o parcial de la petrolera resulta improbable en el corto plazo por razones políticas. Pero lo que sí debiera generar consenso es que no podemos seguir ampliando sus actividades o responsabilidades. Por ello resulta insólito que estemos siquiera teniendo un debate sobre la conveniencia de que Petroperú tome la operación de lotes petroleros con contratos de explotación vencidos. Y es que Perupetro —agencia estatal a cargo de otorgar los contratos de explotación— pretende adjudicar a Petroperú de manera directa, sin concurso, los lotes I, VI y Z-69 ubicados en Piura.

Ya desde febrero la propia presidenta Boluarte había anunciado la intención del Gobierno de que estos lotes pasen a manos de la petrolera estatal, y esta semana el propio ministro de Energía y Minas, Óscar Vera, ha reiterado esta voluntad.

Esta no es solo una pésima idea dada la incapacidad de Petroperú para asumir más encargos —lo que, además, crearía la necesidad de inyectarle más recursos públicos— sino que también atenta contra el principio de libre competencia y el igual tratamiento de la actividad económica pública y privada que dispone nuestra constitución. De proceder, se sentaría un nefasto precedente, pues si hoy avanza algo así, se abre la puerta para que en el futuro suceda lo mismo en otros sectores como la minería o el gas.

Ante este escenario, llama la atención la pasividad del ministro de Economía, Alex Contreras. En otras épocas, el MEF hubiera hecho sentir su peso y se hubiera plantado contra una decisión tan claramente antitécnica y perjuiciosa para las finanzas públicas. Pero pareciera que esta cartera ha perdido el peso de otrora. Ya hemos visto ejemplos de ello, como la inacción frente a la absurda prohibición de la tercerización laboral que tuvo que ser parada por Indecopi ante la pasividad del sector.

Y también preocupa que el sector empresarial no tome una posición más crítica respecto de este tema y en general de la muy pobre gestión de la administración Boluarte en materia económica. Pareciera ser que la comparación con el gobierno de Pedro Castillo llevara a conformarnos con muy poco. ¿Cómo es posible que, como reportó Semana Económica, el 71% de los CEO del país aprueben a un gobierno que en 2023 logrará un crecimiento menor al 1% en un contexto de precios internacionales relativamente favorable?

PD: Esta semana nos han vuelto a visitar las tradicionales lloviznas capitalinas luego de un invierno inusualmente soleado, y surge la pregunta: ¿a quién se le ocurrió que era una buena idea llenar nuestra capital de veredas de cemento pulido? Cualquiera que camine su resbalosa superficie en una mañana lluviosa puede dar fe del verdadero peligro que representan. Otro ejemplo de cómo nuestra capital tiene al peatón como última prioridad.

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