[OPINIÓN] Joaquín Rey: “Ecos de Perumin”

"Todo indica que el premier se vio forzado a declarar en ese sentido por salvar la imagen de la presidenta Boluarte, quien en campaña mostró una ideologizada oposición a este proyecto cuprífero”.

Joaquín Rey

Fecha Actualización

01/10/2023 - 07:00

Esta semana se realizó la 36º edición de Perumin, un hito que pone sobre la mesa la fundamental importancia que tiene la minería para nuestro país. De hecho, se trata del segundo evento minero más grande del mundo. En su edición de este año, la convención contó la cifra récord de 65,000 inscritos. Entre ellos, además de empresas mineras, se encontraban representantes de industrias tan diversas como energía, construcción, maquinaria, tecnología, seguridad, banca, seguros, alimentación y un largo etcétera. La diversidad en la composición de la audiencia es la mejor prueba de los formidables encadenamientos que genera la minería hacia muchísimos sectores de la economía a los que tiene como proveedores.

La magnitud de este impacto se ve también claramente reflejada en las cifras macro de nuestra economía. El sector minero genera el 60% de nuestras exportaciones y el 16% del PBI. Además, contribuye con alrededor de 250,000 empleos directos (además de decenas de miles de empleos indirectos) y es la principal fuente de recaudación de impuesto a la renta. El sector es —y por lejos— la principal fuente de divisas para el Perú.

La minería es, además, una fuerza profundamente descentralizadora. La distribución de la actual cartera de proyectos en ejecución o por iniciar es prueba de ello: Inmaculada en Ayacucho (US$1,400 millones), extensión de Antamina en Áncash (US$2,000 millones), Zafranal en Arequipa (US$1,500 millones), San Gabriel en Moquegua (US$500 millones), Corani en Puno (US$600 millones), la fase II de la ampliación de Toromocho en Junín (US$800 millones), etc. Casi la totalidad de proyectos está fuera de Lima.

Además de la generación de empleo en todas las regiones del país, la descentralización de la minería implica una enorme fuente de recursos para los gobiernos subnacionales. En 2022, solo por canon y regalías, la minería generó S/7,000 millones para las municipalidades y S/1,700 millones para los gobiernos regionales.

En un contexto como el actual, donde la economía va a tener su peor crecimiento en más de dos décadas (excluyendo el año de la pandemia), promover la inversión minera debería ser una prioridad del gobierno. Y es que no hay ningún sector con la capacidad de dinamizar el gasto privado con la velocidad y escala con que lo hace la minería.

En ese sentido, es digno de destacar que el premier Otárola haya anunciado en Perumin que mañana lunes se debatirá y aprobará en el Consejo de Ministros el decreto supremo de creación de la Ventanilla Única Digital. Se trata de un anuncio positivo en la medida en que hoy las empresas mineras deben tocar las puertas de diversas entidades para tramitar un permiso.

Aunque esto reduce los costos de transacción para el solicitante, la medida solo redundará en menores plazos de aprobación si es que se reduce el número de procedimientos internos y de entidades que deben opinar. Hoy, son un total de 43 permisos que se deben aprobar, una cifra altísima para cualquier estándar internacional.

Lo que no fue positivo fue el conflicto de anuncios respecto de Tía María. Mientras que el lunes el ministro de Energía y Minas, Óscar Vera, indicó que el gobierno tenía la intención de sacar adelante el proyecto, el martes Alberto Otárola lo dejó sin piso al afirmar que dicha operación no estaba en agenda del Ejecutivo. ¿En qué quedamos? Todo indica que el premier se vio forzado a declarar en ese sentido por salvar la imagen de la presidenta Boluarte, quien en campaña mostró una ideologizada oposición a este proyecto cuprífero.

Finalmente, mención aparte merece el lamentable fallecimiento del congresista ‘Nano’ Guerra García, quien se dirigía a participar en la convención minera. Una muerte que se pudo evitar si los establecimientos de salud de la provincia de Islay hubieran estado operativos durante la noche. De hecho, antes de 2019, estas postas atendían 24 horas gracias a un convenio de apoyo entre el gobierno regional y la minera Southern. No obstante, el convenio fue resuelto cuando el hoy preso Elmer Cáceres Llica llegó al poder, por la única razón de su demagógico discurso antiminero. ¿Puede haber una prueba más contundente de lo absurda e irracional que puede ser la oposición militante a la minería?

El Perú ha sido bendecido con recursos mineros en todo su territorio. Pero de poco servirá ello si por mera ideología cerramos las puertas que la minería permite abrir.

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