[Opinión] Joaquín Rey: Estar a la altura

Fecha Actualización

14/11/2021 - 07:00

No hace falta ahondar en lo improvisado y caótico de la actual administración presidencial, cuyo único objetivo, hasta el momento, parece ser favorecer a gremios y allegados en perjuicio del interés público. Pero los pecados de uno no hacen santo al otro. Ante esta precaria realidad, debiera ser el Congreso el llamado a poner la cuota de madurez política. Desgraciadamente no es esto lo que vemos.

Ya desde la campaña la oposición mostró un pobre compromiso con los valores democráticos, al empujar la teoría de un fraude del que nunca tuvo pruebas, abusando de recursos legales para voltear el resultado electoral en los tribunales. Lo visto fue una inverosímil defensa de la institucionalidad democrática cuya estrategia fue una retahíla de ataques precisamente a las instituciones democráticas como la ONPE y el JNE.

Una vez superado este episodio, y ya instalados Ejecutivo y Legislativo, este último parece no comprender el tamaño de la responsabilidad que le toca. Quizás la prueba más patética la tuvimos el pasado jueves. Días atrás, durante el debate de la confianza ministerial, los representantes del Fuerza Popular, Renovación Popular, Acción Popular, Alianza Para el Progreso y Podemos vociferaban airadas críticas a sendos miembros del gabinete. Uno de los más vilipendiados fue el titular de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva. No obstante, el pasado jueves, cuando el Parlamento tuvo en sus manos su interpelación, todas estas bancadas decidieron blindarlo sin pudor alguno.

Silva tendría que haber sido interpelado y censurado sin mayor meditación. En su corto mandato, este señor ya ha demostrado que su principal objetivo es favorecer intereses gremiales que van claramente en detrimento de la ciudadanía. Fue Silva quien se reunió con representantes de varias empresas de transportes con un rosario de víctimas mortales e infracciones de tránsito en su haber, a quienes ofreció las cabezas de la ATU y la SUTRAN, así como la condonación de multas y la extensión de licencias de rutas que se contraponen a la reforma del transporte. Es decir, tenemos a un ministro de Transportes empeñado en petardear la reforma del transporte.

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Fue también Silva quien, en septiembre, refirió que había que “hacer cambios” en TV Perú porque este medio mostraba una línea crítica al gobierno. Como si al canal del Estado le correspondiera ser una suerte de panfleto propagandístico de la administración de turno. Un evidente embate contra la libertad de expresión e información de los ciudadanos.

Pero nada de esto importó a las bancadas de oposición al momento de considerar la interpelación de Silva. Es evidente que lo que ahí pesó fueron vínculos clientelares con los gremios de transportistas, habituales financistas de campañas políticas. Una no tan sutil forma de corrupción.

Mención aparte amerita la bancada de Juntos por el Perú, que viene traicionando sus principios de manera clamorosa. Pocas políticas públicas están más alineadas con una genuina agenda de izquierda que una reforma de transporte, que busca mejorar la oferta pública para favorecer a la población de menos ingresos y velar por derechos laborales de transportistas. Pero acá pesa más la cuota de poder que los principios.

Por lo visto hasta hoy, poca es la esperanza que ofrece el Legislativo. Si este gobierno llegara a caer, no será por el rol que tenga la oposición, sino por sus propias torpezas e infantiles traspiés. La factura, claro está, la asumimos los ciudadanos.

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