[OPINIÓN] Joaquín Rey: “Sigue la repartija”

Decía en mi columna de la semana pasada que uno de los legados más nefastos de esta administración presidencial es la descapitalización de talento que se viene produciendo en el Estado desde hace año y medio. Profesionales calificados dejan el sector público pues no están dispuestos a ponerse a órdenes de personajes incapaces y prontuariados cuyo único mérito es su afiliación política o sus vínculos familiares o amicales.

Esta semana se ha producido un hecho que confirma esta tendencia de la manera más grosera, ahora en el Fonafe, fondo que agrupa a 35 empresas públicas, entre ellas Sedapal, Electroperú y Corpac. Lorena Masías, destacada profesional que antes ha estado a la cabeza de la Sunedu, Agrobanco, la vicepresidencia de Indecopi y la superintendencia adjunta de la SBS, tuvo que dejar el cargo luego de las presiones del Ejecutivo. ¿La razón? Haberse opuesto a la designación de allegados de la cúpula presidencial en gerencias y directorios de las empresas que conforman este fondo.

Se sabe que existen presiones para que quien suceda a Masías sea nada menos que Luis Barrenzuela, exministro del Interior recordado por organizar una jarana criolla en su casa en plena prohibición por la emergencia sanitaria (prohibición que el sector que encabezaba estaba llamado a vigilar). Antes de ser ministro, Barrenzuela fue dado de baja de la Policía Nacional del Perú por medidas disciplinarias. Durante su paso por esta institución, acumuló 158 amonestaciones. A ello se suma la investigación de la Fiscalía Anticorrupción de Lambayeque por presuntamente prestar servicios fantasma por más de S/200,000 en el caso de la azucarera Tumán. Una verdadera joyita. ¿Cuál es su virtud? Su cercanía con Vladimir Cerrón y Guido Bellido, de quienes ha sido abogado personal.

Es previsible que, de tomar Barrenzuela –u otro de su calaña– las riendas del Fonafe, se produzca una repartija de cargos en las 35 empresas que lo conforman. Un auténtico botín considerando que los ingresos de las mismas superan los S/20,000 millones. De concretarse, lo más probable es que más de una de estas empresas corra la suerte de PetroPerú, cuyos manejos políticos la han puesto al borde de la quiebra. Hoy la petrolera estatal acumula una deuda que cuadruplica su patrimonio, y en octubre tuvo que recibir un rescate de S/4,000 millones por parte del MEF a manera de inyección de capital. Una factura que pagamos todos.

Es lamentable que el ministro Kurt Burneo, de cuyo sector depende el Fonafe, haya optado por no defender sus fueros. Todo indicaría que en esta oportunidad ha preferido elegir otras batallas, como la del presupuesto que se libró en el Congreso esta semana. A quienes también les correspondería frenar este despropósito es a los integrantes de la oposición en el Congreso de la República, cuyas batallas por una vacancia o suspensión –hoy francamente lejanas– parecieran distraerlos de las tareas fundamentales de fiscalización a este Ejecutivo inepto y con graves indicios de corrupción.

Punto aparte: esta situación debería llevarnos también a la reflexión sobre el rol empresarial del Estado. ¿Hace sentido que el Estado posea empresas en sectores como la electrificación, infraestructura aeroportuaria, hidrocarburos o generación eléctrica, los que el sector privado puede perfectamente atender? ¿No atenta claramente esto contra el principio de subsidiariedad? ¿No es demasiado alto el riesgo de la politización y utilización de puestos para el pago de prebendas? La evidencia abunda.