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(OPINIÓN) José Luis Gil: Seguridad ciudadana postergada
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No nos cansaremos en pronunciarnos desde esta columna que este gobierno demuestra todos los días un desprecio absoluto por la seguridad ciudadana. El incremento de la delincuencia en todas sus modalidades, en especial el sicariato y el robo callejero, tiene como víctimas principales a humildes ciudadanos que cumplen jornadas de trabajo o estudio, quienes alejados del “glamour” de los políticos y de las intrincadas reyertas de estos, enfrentan todos los días el reto de retornar a sus hogares sanos y salvos, o vivos. La tragedia de la sobrevivencia callejera no tiene cuando detenerse.
La alta rotación de ministros del Interior y por ende de sus funcionarios, como viceministros o directores generales, no permiten construir políticas de Estado ni desarrollar programas que beneficien directamente a la población en materia de seguridad ciudadana. Lo grave de esta situación es que cada ministro cree tener la fórmula mágica y ponen a prueba su “creatividad” (basada en otro tipo de experiencias, como el caso del exministro Carrasco) retrasando cualquier intento auténtico de lucha contra la inseguridad.
En las últimas semanas hemos visto con preocupación la valiente participación de la comunidad ashaninka de río Tambo en la inmovilización de alijos de droga halladas en su territorio, que luego son entregados formalmente a las autoridades policiales. Si bien es cierto se aplaude el compromiso de esta comunidad por proteger a sus habitantes, se debe tomar en cuenta el hecho de que están en grave peligro de ser víctimas de la venganza de los narcotraficantes. Las autoridades deberían tomar atención de esta situación capacitando a las comunidades y reforzando el apoyo policial en dicha zona.
Por último, el desatino adicional de este gobierno es haber dispuesto que las FF.AA. salgan a las calles en apoyo a la Policía Nacional del Perú para la lucha contra la criminalidad. Parece que el hombre del sombrero no ha entendido que las Fuerzas Armadas no están entrenadas ni cuentan con el equipamiento suficiente para el combate contra el crimen, lo que podría devenir (esperemos que no) en excesos o desatinos que cuesten vidas, hechos que alejarían a los ciudadanos de sus FF.AA. ¿Cuál es la verdadera intención del Ejecutivo al dar esta norma con tanto desatino? Esperemos descubrir la verdad.
Pasada la turbulenta era Barranzuela, esperamos que la designación del nuevo ministro del Interior recaiga en un experto en materia de investigación criminal, inteligencia o seguridad ciudadana, como lo anotamos la semana pasada en esta columna, para que provea de estabilidad al sector, se optimicen las inversiones pendientes de ejecución y se pongan a trabajar contra las amenazas a la seguridad que todos los peruanos deseamos. ¡Sí se puede!
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