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[Opinión] Juan Manuel Benites: “Ideología ‘sostenible’”
“La reciente promulgación de la modificación de la ley forestal ha desatado una ola de reacciones, incluyendo una campaña de desinformación”.
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La reciente promulgación de la modificación de la ley forestal ha desatado una ola de reacciones, incluyendo una campaña de desinformación que busca ocultar las complejidades del tema ambiental y de la propiedad en el sector rural. Algunos sectores la usan como un ataque al sector productivo privado y una apología del estatismo, mientras que otros la analizamos como un paso necesario para proteger la Amazonía y garantizar un desarrollo sostenible.
En un evento público, el jefe de Serfor propuso una solución para evitar la deforestación en la Amazonía y que podría resumirse como: bloquear el mercado de tierras, entregándolas en cesión en uso a pequeños productores y recuperar las tierras degradadas con inversión estatal financiada por endeudamiento externo, seguramente, con operadores de la sociedad civil.
La exministra del Ambiente en un consejo de ministros se habría manifestado en contra de la titulación de tierras, porque restringe la opción del otorgamiento de la cesión en uso, que mantiene la propiedad estatal de las tierras. Se requiere un análisis crítico que sopese las necesidades del sector productivo, la protección del medioambiente y la defensa de la soberanía nacional.
El Estado ha permitido que se deforesten cerca de 12 millones de hectáreas a la fecha y solo 2 millones están en uso por la agricultura. Es decir, existen 10 millones que ya no tienen bosque que podrían absorber la demanda de tierras de otros agricultores migrantes que vayan a la Amazonía o de los hijos de quienes hoy viven allí. Si esta demanda no se canaliza hacia las áreas deforestadas, lo que va a seguir ocurriendo es que los que lleguen o se expandan, lo harán sobre el bosque en pie.
Hay quienes han pretendido ensombrecer una batalla de gran parte del agro nacional en su conjunto por la reivindicación de su derecho a la propiedad privada y al trabajo, usando el mito que detrás de la ley solo está la Confiep y grupos empresariales agroindustriales. Han invisibilizado por completo la presencia de los pequeños productores de café y cacao, además de organizaciones indígenas que han participado activamente en la aprobación de esa ley.
En este contexto, ha sido destacada recientemente en la prensa, la infiltración ideológica de algunas ONG, actuando como “Caballos de Troya”, imponiendo agendas y generando dependencia que afecta la autonomía estatal. La “diplomacia del viajecito” y las “puertas giratorias” entre exfuncionarios y ONG suscitan preocupaciones. Debemos evaluar cuidadosamente los argumentos de todas las partes, exigir evidencia y evitar caer en las trampas del populismo ambiental.
Solo un Estado fuerte y autónomo puede garantizar un desarrollo justo y sostenible. Es necesario fortalecer sus capacidades para que pueda gestionar los recursos de manera eficiente, defender la soberanía nacional y evitar la injerencia de intereses externos.
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