[OPINIÓN] Miguel Lagos: Narcoterroristas con fines políticos

Fecha Actualización

18/09/2023 - 07:00

En febrero siete policías fueron emboscados, asesinados y despojados de su armamento en Pichari (Cusco). Este septiembre más familias peruanas sufrieron la lamentable pérdida de cuatro militares en Putis (Ayacucho) por ataque de narcos entrenados por los Quispe Palomino. Las víctimas se suman a los 164 uniformados (129 militares y 35 policías) asesinados solo entre 1999 y 2019. Aparte se registran agresiones mortales de este tipo de vínculo terror-crimen contra civiles (incluyendo el desplazamiento forzoso).

La operación “Patriota” (2022) ejecutada por las FF.AA. y PNP que degradó las filas de Víctor Quispe Palomino (un impune remanente senderista presente en la atroz matanza de Lucanamarca en 1983 y de Soras en 1984) fue importante, pero insuficiente. El senderismo residual del Vraem, tácticamente autonombrado “Militarizado Partido Comunista”, pugna por reposicionarse y asegurar sobrevivencia extrayendo recursos del trasiego de drogas.

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Como anotábamos hace una década, en el Vraem opera una confluencia siniestra de motivaciones políticas permanentes y económicas entre terroristas y narcotraficantes. Y no es nueva. No se está descubriendo la pólvora al decirlo. Desde inicios de los 80, Sendero Luminoso (como después el MRTA) interactuó con el narcotráfico como medio de financiamiento. Son décadas de convivencia que prosigue en el Vraem con sus remanentes. ¿Sorprende lo que hoy vemos en esa zona?

Los narcosenderistas activos vía métodos terroristas y criminales no son simples “sicarios” o “guachimanes de los narcos”. Las intenciones, la dimensión política es obvia y perdura con cierto nivel de alcance. Ahí solo como indicativos están las conexiones subterráneas con operadores del Sutep-Conare (Movadef, el “Sendero político”) en Ayacucho (detectados vía escuchas telefónicas legales, Divinesp). Los sospechosos y denunciados nexos, en vigente investigación judicial, con Cerrón —el excogobernante de Castillo— y actuales congresistas afanosos con la “ley de la coca” de inspiración boliviana. También el apoyo vía financiadas caravanas de camionetas llegadas a Lima desde el Vraem para la violencia política organizada luego del frustrado autogolpe del prosenderista Castillo el 7/D.

Se ha dicho que “el gran problema en el Vraem es el narcotráfico”. De acuerdo. Pero ello no debe invisibilizar las evidentes ramificaciones políticas y la sincronización de objetivos con sectores incluso partidarizados e ideológicos (mucho más allá de la elemental colaboración financiera).

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