[OPINIÓN] Nelson Shack: “A sus marcas, listos y a gestionar”

De acuerdo a estimaciones de la Contraloría, entre 2019 y 2021 el Perú habría perdido casi 70 mil millones de soles como resultado de la corrupción y la inconducta de malos funcionarios incrustados en las entidades públicas de todo el país, donde casi la mitad de este perjuicio se origina por la mala gestión en los gobiernos regionales y locales.

Es lamentable que la gestión en los gobiernos subnacionales haya estado marcada por actos indebidos e ilegales, tanto es así que, solo a nivel de autoridades en los gobiernos regionales, más del 80% de ellos son investigados por actos de corrupción a nivel fiscal y judicial, y donde los gobernadores de Junín, Puno, Áncash, Arequipa, Madre de Dios, Huánuco, Tumbes y Ucayali ya ni ejercen el cargo por estar en prisión o prófugos.

En conclusión, se acabó el 2022 casi sin autoridades regionales electas, y ello genera que las instituciones subnacionales hayan estado acéfalas y con funcionarios encargados que, incluso, podrían no cumplir el perfil y la exigencia requerida para la gestión y toma de decisiones. Es decir, la gestión en estos niveles de gobierno termina siendo improvisada.

Ante esta crisis nacional, la Contraloría General ha venido impulsando reuniones con las autoridades electas –ahora ya en el poder–, con el propósito de compartirles información relevante sobre el estado de las obras, inversiones y del control gubernamental en sus regiones, provincias y distritos, con la finalidad de que lleguen preparados y listos con una mejor perspectiva de lo que deben priorizar cuando se instalen en el cargo en este mes de enero de 2023.

Y para evitar las improvisaciones y cuestionamientos, orientamos sobre la relevancia de cumplir la Ley Nº 31419, que garantiza la idoneidad en el acceso y ejercicio de la función pública de funcionarios y directivos que sean designados para que estos cumplan con los perfiles de puestos; porque nombrar a un director regional ineficiente, sin formación ni experiencia puede costarle muy caro, no solo al gobernador o alcalde que afrontará procesos legales futuros, sino a todo el departamento, por la deficiente prestación de servicios públicos y más paralizaciones de obras.

El país y la ley demandan que los funcionarios de confianza, quienes gestionan y toman decisiones de envergadura, cumplan con los requisitos dispuestos en formación académica, habilidades y experiencia para asumir el cargo. Lo contrario, como ya lo hemos visto, tiene consecuencias que afectan directamente a la ciudadanía porque dilatan y perjudican la buena gestión pública y el cierre de brechas, tan esenciales que, como servidores públicos, debemos atender con prioridad.

Por ello, en el primer trimestre de 2023, tanto en gobiernos regionales como municipalidades realizaremos con especial atención el despliegue de un operativo nacional en el que revisaremos el cumplimiento de los perfiles y requisitos mínimos, porque de ello depende en gran parte la buena gobernanza en las regiones y municipios.