[Opinión] Patricia Teullet: El Costo de un capricho

Debido a este hecho, la empresa concesionaria demandó al municipio ante un tribunal arbitral, por los peajes dejados de cobrar hasta octubre de 2018. En el año 2020 el tribunal internacional falló en contra de la Municipalidad, ordenando el pago de 230 millones de soles.

Durante su campaña, el hoy alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, ofreció la eliminación de los peajes de esta vía argumentando que la concesión había sido realizada con la empresa Odebrecht, cuyos escándalos de corrupción son conocidos. Haciendo caso omiso al hecho de que ahora la mayor parte de la concesión pertenece a dos fondos de inversión, uno peruano y el Fondo de Pensiones canadiense Brookfield, en una decisión criticada por el propio ministro de Economía, la Municipalidad de Lima ha acordado resolver unilateralmente el contrato de concesión. Para ello, la municipalidad tendrá que compensar a la concesionaria por las inversiones realizadas. El monto estimado de ese pago por parte de Rutas de Lima es de 2,200 millones de soles. Esa suma tendrá que salir de algún lado (y no será del bolsillo de quienes están tomando la decisión). Además, es muy probable que la empresa lleve a la municipalidad a un nuevo arbitraje donde, si esta vuelve a perder, tendría que pagar sumas adicionales que incluyen indemnización (según declaraciones de un exregidor de la gestión de Jorge Muñoz a La República, el cálculo que se hizo sería de 3,700 millones) que alguien deberá asumir.

De acuerdo con la información del IPE, desde 2003 a la fecha, más de 6,000 kilómetros de carreteras han sido construidos y mantenidos en el Perú gracias al sistema de concesiones (25% del total de la red vial nacional). El IPE sostiene también que la calidad y mantenimiento de esas vías es muy superior al de aquellas que no fueron concesionadas. La lógica de las concesiones es que quienes utilizan las carreteras sean los mismos que asuman el costo de su construcción y mantenimiento. Y eso se hace por medio del cobro de peajes.

Si los peajes se eliminan, los costos de construcción y mantenimiento de carreteras tienen que ser asumidos por alguien, y sería una institución pública cuyo presupuesto depende de los contribuyentes; vale decir, sea que las utilicen o no, las personas que pagan tributos estarán asumiendo el pago de las vías que otros utilizan y seguramente estaremos enfrentando una pérdida en la cantidad de kilómetros de vías a construirse así como en la calidad de su mantenimiento.