[OPINIÓN] Patricia Teullet: Sector público, sector privado

La experiencia de muchos funcionarios honestos (porque los hay y muchos) que han terminado enfrentando juicios por haber tomado decisiones que a la luz de las circunstancias del momento eran las mejores nos lleva a la triste conclusión de que lo más seguro, cuando uno está en un cargo en el sector público, es dejar de hacer, no arriesgar ni tomar decisiones que puedan tener posteriormente consecuencias indeseables. El incentivo, entonces, es a la falta de acción. Es lo más seguro: nadie te va a premiar por hacer, pero seguramente te pueden castigar si sí actúas. Un agravante es que el primer informe respecto a la adopción de una decisión determinada suele venir de un funcionario de rango bajo, para el cual lo más fácil es decir que no. De allí en adelante, sus superiores pocas veces se atreven a ir contra dicho informe, con lo cual las cosas simplemente se dejan de hacer.

En el sector privado, las cosas son distintas. Las empresas hacen su planeamiento, se establecen objetivos y metas, y cada gerente es responsable de hacer que suceda aquello que está a su cargo. Los gerentes muy probablemente sean recompensados de manera especial por haber llegado o superado algunos objetivos mediante un bono extraordinario. Fuera de que existen fuertes críticas al sistema de bonos, que al estar mayormente centrados en el corto plazo se pueden convertir en incentivos perversos, el aliciente a actuar está allí presente, así como a guiar a todo el equipo al logro del objetivo.

La otra gran diferencia está relacionada con lo que se puede o no hacer en cada uno de los sectores: en resumen, los privados tienen mucha más libertad para actuar, menos normas que los limiten al interior de la empresa. Además de las leyes que proveen un marco relativamente amplio, cada empresa pondrá sus propios controles, pero el fundamento es la buena fe. Se limita por diversos motivos, pero no se está a la búsqueda de errores para imponer castigos. En el sector público se ha querido compensar el riesgo de corrupción con más reglas y procedimientos que impiden avanzar.

Por eso, sin ánimo de eximir a los funcionarios que pecan de omisión, antes de juzgar la velocidad de respuesta a un problema, pensemos en si realmente están en capacidad de actuar sin riesgo de persecuciones y juicios posteriores.