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[Opinión] Richard Arce: “Destruyendo la educación del país”
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Entre tantos problemas a los que nos está llevando este gobierno y el Congreso debemos resaltar el debilitamiento institucional del país con cada despropósito que aprueban mediante ley en el Congreso y con el aval del gobierno de Pedro Castillo, que al final actúa como caja de resonancia, como parte de las ignominias que cometen.
Para variar, esta semana el Congreso, no contento con querer entrometerse en el proceso electoral en marcha, ahora aprobó dos leyes. La primera para debilitar la Sunedu en su rol regulador, que ha permitido exigir mínimos estándares de calidad universitaria, licenciando a aquellas universidades que cumplían exigencias mínimas de calidad educativa y así evitar la estafa a miles de familias, como había venido sucediendo desde el gobierno de Fujimori con las universidades negocio.
Y por otro lado, el Congreso pretende cancelar la educación sexual para nuestros niños y niñas. Todo por la aversión a las políticas de igualdad de género que más bien garantizan la formación desde muy pequeños en equidad y respeto. En un país donde se perpetran entre 15 y 30 violaciones diarias y además el embarazo adolescente es un indicador de vergüenza y fracaso como sociedad, ¿cómo puede ser posible que los congresistas quieran destruir lo poco que se ha avanzado en esta materia?
Pero qué se puede esperar si los congresistas promotores de estas leyes siguen sus consignas y aversiones propias de sus esquemas mentales, por sesgos religiosos o posiciones convencionales extremas, que creen que la educación con enfoque de género significa homosexualizar a los niños y niñas.
Ahí está el congresista Esdras Medina, autor de la Ley contra la Sunedu, que cree que el Congreso es su sede de culto evangélico. En un país laico no se puede permitir que pretendan imponer sus creencias religiosas, que por cierto se respetan pero que jamás deben implementarse en desmedro de la educación.
¿Pretenderán los congresistas abandonar a su suerte a nuestros hijos e hijas? Porque estas nefastas leyes atentan inconstitucionalmente contra el rol rector del Ministerio de Educación y el sentido común.
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