[OPINIÓN] Richard Arce: Se debería poner orden

Si viviéramos en una democracia plena y con una estructura de Estado eficiente, en este momento se debería estar reponiendo a los funcionarios públicos afectados por los actos de corrupción de la exfiscal de la Nación Patricia Benavides y recuperando la institucionalidad del país. Pero no, estamos lejos para lograr esos niveles de autorregulación de nuestro Estado, que requiere todavía de la voluntad política del Gobierno para poner las cosas en orden.

El problema es que, en este entuerto de corrupción y tinglados, están involucrados los principales poderes del Estado que se han evidenciado con una defensa incondicional a la exfiscal Benavides a pesar de las pruebas expuestas públicamente. Y en la Defensoría del Pueblo, en la misma Fiscalía, en el Congreso siguen operando impunemente los mafiosos y eso no solo ponen en riesgo las investigaciones, sino que esa gente no tiene escrúpulos y van a seguir impunes con los despropósitos.

Ahora que se han quitado la careta, se puede identificar a un variopinto de personajes cuestionados y hasta procesados por la justicia, que ya nos han demostrado que están dispuestos a todo y pueden llegar al extremo del ridículo, brindando todavía el respaldo a la exfiscal, como se vio en un evento del Colegio de Abogados de Lima, con portátil incluida que apareció “ocasionalmente”, para supuestamente prestarle el respaldo a Benavides, aunque su cara decía otra cosa y era evidente la puesta en escena de los apristas para lavarle la cara a Benavides.Parecería que ella se siente cómoda con impresentables, procesados por el propio Ministerio Público e involucrados en hechos delictuosos, donde la Fiscalía les estaba investigando a estos personajes y en otros casos más complejos, no les importa ni lo que establece el propio reglamento que prohíbe tener contacto con investigados por la Fiscalía.La tarea prioritaria en este contexto es desmantelar la mafia que se habría instalado en el Ministerio Público, sabiendo que han sido expuestos los casos de corrupción en torno a la fiscal de la Nación y los congresistas traficantes; y a la par se debería iniciar un proceso de restitución en sus funciones y cargos a los funcionarios públicos que resultaron afectados por estas prebendas y además denunciar a aquellos que se han beneficiado ilegalmente, irregularmente, no queda otra, para recuperar un poco de la institucionalidad destruida por este Congreso.