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[OPINIÓN] Sonia Chirinos: La hora del quién da más
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La vivienda para los jóvenes es un tema especialmente sensible en España. Por eso, en los tiempos electorales que corren, se ha convertido en oscuro objeto de deseo.
El presidente Sánchez se ha dedicado a lanzar promesas en torno a la vivienda. Un día prometió 20,000; al siguiente se sacó de la manga 15,000 más, y así sucesivamente. Tras la fiebre de promesas, lo último ha sido la aprobación de la ley de vivienda.
El derecho a una vivienda digna está reconocido en la Constitución Española, que obliga a los poderes públicos a promover las condiciones necesarias para hacerlo efectivo.
Pero no es un derecho fundamental, como la vida, o la libertad.
Los “okupas”, amparados en una incorrecta interpretación de la norma, siguen empeñados en ocupar propiedad ajena, contra la voluntad del dueño, y, a veces, ante la impotencia de las resoluciones judiciales que intentan hacer valer la ley, sin éxito.
En ese contexto, se ha aprobado esta ley que, contra el mandato constitucional, transfiere a los propietarios la obligación de promover las condiciones de las que habla la Constitución.
Es una nueva broma del gobierno. Primero la de prometer un flujo de viviendas que tiempo tuvo para proporcionarlas. Segundo, porque antes de acabar con el (injusto) tema de la ocupación, obliga al propietario a ser él, y no el invasor, el que pruebe que quien viola sus derechos no se halla (toda prueba negativa es “per se” diabólica) en situación de vulnerabilidad.
Una ley que no es justa y sobre todo que no aborda el verdadero problema: el de hacer propietarios, más que proletarios, en feliz frase de un ministro franquista, a los miles de jóvenes condenados a seguir viviendo bajo el techo de sus padres.
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