Permanencia de Richard Concepción Carhuancho

Resulta evidente que Ollanta Humala y Nadine Heredia, junto con sus abogados, han diseñado una estrategia de defensa que incluye un intenso despliegue mediático. El objetivo fundamental es reemplazar al juez Richard Concepción Carhuancho y que quien venga archive el proceso por lavado de activos y liderar una organización criminal. Para ello han recusado al juez Concepción. Se basan en que dictó la prisión preventiva que revirtió el Tribunal Constitucional, excarcelándolos.

El caso de Heredia estaba cerrado gracias a la negligencia o condescendencia (juzgue usted) de la Fiscalía. Luego de una dura batalla, el fiscal provisional Ricardo Rojas lo reabrió. Tomó la posta el fiscal de Lavado de Activos Germán Juárez Atoche, quien está a punto de plantear la acusación. Otra táctica de los acusados y su defensa es paralizar el caso y han pedido que se recaben más testimonios en Brasil, así podrán argumentarán lentitud del fiscal.

Ojo, la prisión preventiva fue ratificada por una sala penal y luego por una sala suprema. El cuestionado fallo del TC está diciéndole a ese nutrido grupo de jueces que nada saben y que la equivocación es grupal.

El fiscal Juárez pidió de manera reservada –así se actúa en casos de organización criminal– incautar los bienes de los Humala/Heredia. El juez Concepción la concedió. El embate mediático contra el magistrado fue feroz y artero. El primer argumento, sentimental y sin sustento legal, fueron los hijos de Humala/Heredia. Posteriormente, a solicitud de los abogados, el juez concedió más tiempo para que Humala/Heredia dejaran sus costosas propiedades. Como ya las habían desalojado, dejó sin efecto el plazo, mas no la incautación.

La artillería contra el juez –parte de la estrategia de Humala/Heredia– fue brutal y vandálica. Apunta al objetivo último: sacarlo de la causa. Los peruanos somos noveleros, pero no idiotas. El 69% de los encuestados por Ipsos avala la incautación. Sabemos que los bienes de los encausados se adquirieron con dinero sucio. El informe de la UIF es demoledor.

Si la recusación al juez Concepción procede, la lucha anticorrupción tendrá un duro revés. Si el Poder Judicial lo retira, por cuestiones administrativas internas, deteriorará su imagen pública. Ese juez y los magistrados que hacen bien su trabajo deben ser respaldados consistentemente por sus instituciones. Si no, se les verá el fustán.

Ciertamente, la justicia no se hace con base en ‘periodicazos’ o la presión mediática, y los Humala/Heredia cuentan con el favor de varios medios. El juez Concepción conoce el caso y las partes siempre pueden apelar. Lo prohibido por la opinión pública y la decencia es ‘faulear’. Dicen que los abogados utilizan todos los recursos, incluida la tinterillada. Allá ellos. Nuestras instituciones judiciales no deben emularlos. Ese 69% sin duda crecerá.