La institucionalidad ambiental es la garantía para las inversiones en el país, porque permite al Estado regular a las empresas extractivas y garantizar que se cumplan mínimos estándares ambientales, que hoy no solo son exigencias mundiales demandadas por organismos multilaterales que promueven la protección ambiental, en un contexto de cambio climático, sino que son requisitos para lograr la sustentabilidad de los proyectos mineros y la certificación ambiental que requieren para obtener financiamiento de dichas inversiones.
En ese contexto mundial en que se premia la responsabilidad ambiental y el compromiso de las empresas con el desarrollo de las poblaciones de las zonas de influencia de los proyectos extractivos, en nuestro país empezamos a retroceder en la institucionalidad ambiental, con el pretexto de eliminar la llamada “tramitología” que supuestamente limita las inversiones del país, porque al parecer no les gusta cumplir con los procedimientos y sobre todo los estándares ambientales que exigen trabajos de investigación y estudios a profundidad.
Por eso, una vez se vuelve a caer en la trampa de abreviar procedimientos, buscando acortar plazos, pretenden ahora a través de un Decreto Supremo declarar en reorganización el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles, Senace —su acrónimo—. Esto es realmente un despropósito y hasta una ilegalidad, porque justamente se crearon instituciones como el Senace o la OEFA con una Ley que les garantiza su autonomía, reconocida por nuestro Estado de derecho.
Recordemos que el Senace es la entidad encargada de conducir la certificación ambiental, que es un instrumento previo a todo proyecto minero, que se debe elaborar antes de iniciar operaciones, previniendo los impactos ambientales negativos que se podrían generar. Además, el Senace aprueba las licencias para iniciar las operaciones extractivas y las medidas operativas y procedimientos para implementarlos en los proyectos.
La pretensión de este Gobierno de reorganizar el Senace por medio de un Decreto Supremo —pasando por alto la autonomía que tiene esta institución ambiental— es un pésimo precedente y un negativo mensaje para promover las inversiones, porque se golpea la institucionalidad ambiental y se debilita las garantías jurídicas y las reglas claras que exigen los inversionistas para tener confianza e invertir, porque se corre el riesgo de que hagan lo mismo, modificando acuerdos y hasta contratos de inversión.
