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Pisando mina
Como consecuencia del reciente proceso electoral, algunos de los más notorios azuzadores en contra de la actividad minera estarán ahora al frente de municipios estratégicos en las zonas extractivas.
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Como consecuencia del reciente proceso electoral, algunos de los más notorios azuzadores en contra de la actividad minera estarán ahora al frente de municipios estratégicos en las zonas extractivas.
Nuevos liderazgos que podrían generar dos escenarios muy distintos. El primero y más plausible es que estas autoridades se dediquen a atizar los conflictos sociales con las grandes inversiones mineras, y seguir así hundiendo la economía del país. El segundo escenario, más deseable, sería que se imponga la sensatez y estas autoridades asuman un rol responsable, mediador, para que, si lograran bloquear el trabajo de las empresas, sus comunidades no sufran la disminución de ingresos: canon, regalías y demás.
Siendo algunos de ellos de partidos como Perú Libre o conglomerados locales con antecedentes de haber apoyado las protestas contra proyectos emblemáticos como Tía María, el pronóstico es, sin lugar a dudas, reservado.
Será entonces responsabilidad del gobierno central gestionar y encaminar las soluciones a las disputas que subsisten entre algunas comunidades y los consorcios mineros que operan en sus zonas. Algunas de ellas realmente absurdas debido a las irracionales demandas de los agitadores y cabecillas de las protestas, que terminan embaucando y arrastrando a parte de la población, incluso a cometer actos de violencia.
Como ya hemos dicho, cualquier paralización en las minas genera enormes daños en cadena. Se derrumba la economía y el desarrollo regional (tanto en el campo como en la ciudad), se golpea el PBI y se pierden puestos de trabajo, no solo en el rubro extractivo, sino en todos los negocios y servicios que viven alrededor de dicha actividad.
La pregunta es si el gobierno, como autoridad máxima de la nación, podrá hacerse cargo. Es decir, si se interesará por hacer respetar la ley, los acuerdos firmados y la Constitución, que garantiza esos acuerdos. Por lo visto en este casi año y medio de administración, es muy difícil, si es que no ingenuo, ser optimista.
Pero lo que deben tener en cuenta Castillo, familia y paisanos es que, si dejan caer la minería como hasta ahora, todos los peruanos saldremos perdiendo. Y en el curso de esa caída masiva, ya sabemos quiénes serán los más perjudicados.
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