La prisión de los grises

El jueves, entre gallos y medianoche, la Comisión Permanente del Congreso decidió no incluir la acusación de crimen organizado en contra del suspendido juez César Hinostroza. Así, el magistrado ‘hermanito’ se salvó de que la comisión le endilgue la más grave de las imputaciones que se le hacían. Naturalmente, ayer el tema cobró un lugar central en el debate político entre quienes decían que el fujimorismo lo había blindado y quienes decían que el congresista Pacori había presentado un informe con una causalidad jurídica insuficiente.

Así, ambos bandos se han pasado las últimas horas esgrimiendo argumentos de todo tipo y calibre que van desde lo político hasta lo legal –y lo leguleyo– para justificar su posición. La cuestión es que nuevamente nos hemos tropezado con la trampa de la falsa dicotomía: esa pizarra maniquea en la que solo existe el negro y el blanco, y en donde una de las dos posturas es estructuralmente correcta y la otra no. Esta, sin embargo, es un cruce de caminos en donde las versiones encontradas no tienen por qué ser mutuamente excluyentes.

No hay que ser especialmente avispado para notar la afinidad entre la bancada de Fuerza Popular y algunos de los más cuestionados administradores de la justicia de nuestro país, como el fiscal Chávarry o el propio magistrado Hinostroza. Esa cercanía abre, por supuesto, la puerta a que se pretenda consolidar un blindaje político a estos personajes desde las trincheras en las que el fujimorismo tiene poder –el Congreso, sobre todo–. Al mismo tiempo, el informe del congresista Pacori puede ser deficiente, insuficiente y poco sólido. Y lo es.

La mezcla de estos dos ingredientes vuelve a invocar a una tormenta perfecta, en donde los dos poderes del Estado se aferran a medias verdades para lanzar ataques políticos en contra de una situación que tiene que combatirse con una óptica integral y con una perspectiva que exceda el ritmo cotidiano con el que evoluciona la esgrima política. Mal hace Fuerza Popular en no deslindar con claridad de quienes han estado involucrados en los audios de la vergüenza, al menos hasta que su situación quede esclarecida frente a la ciudadanía.

Pero mal hacen también el resto de las fuerzas políticas en no armar mejores argumentos para combatir políticamente. No hay peor situación para las instituciones republicanas que aquella en la que un grupo de poder protege sus intereses a costa del país y quienes tendrían que oponerse a esto lo hacen con tan poca solvencia. Porque queda abierto este espacio gris en el que la verdad se disuelve y se convierte en un cuchicheo ensordecedor que deja que las pasiones y las posiciones reemplacen a los argumentos.