Los audios

Cuando el Banco Mundial me encargó el “desk” de Perú en 1987, el primer gobierno de Alan acababa de entrar en default con nuestra institución –ya lo había hecho antes con otros acreedores, incluido el FMI– y, además, se había lanzado con la nacionalización de la banca. Mi experiencia encajaba con el encargo porque, entre 1980 y 85, había trabajado como funcionario en el gobierno de México y, precisamente, en 1982, el presidente López Portillo también había decretado nacionalización y moratoria.

En mis primeros viajes a Lima, traía una lista de profesionales a los que me habían aconsejado contactar. Uno de ellos era Javier Silva Ruete. Conseguí la cita a través de Felipe Ortiz de Zevallos y visité al “gordito simpaticón” –como cariñosamente le llamaban– en el estudio de abogados donde trabajaba. Como los banqueros estaban presentando recursos de amparo para defenderse de la nacionalización, yo tenía interés en comprender el entramado legal peruano. Recuerdo literalmente su respuesta a mi pregunta sobre la honestidad de los jueces: “Resumiendo, la mitad son corruptos y la otra mitad honestos, y de estos, no más de la mitad son competentes”.

Hablamos de otros temas, pero este es el que viene hoy al caso por la difusión de los audios de Hinostroza, Ríos y seguro que vendrán otros.Salí de la reunión concluyendo que la nacionalización de la banca no iba a prosperar, y no por la injusticia o por marcha atrás voluntaria de gobierno o por el Congreso, sino porque –no siendo el medio manu militari– siempre habría un camino judicial, unos jueces y un precio suficientemente alto que los banqueros podrían pagar para dejar sin efecto la nacionalización. Terrible el intento de nacionalización, pero igualmente terrible la razón por la cual fracasaría.

Desde ahí he tenido la idea de que no es que no se haga justicia, sino, peor, que el sistema judicial lo que administra en un gran número de casos es la injusticia a golpe de coima. De qué extrañarse entonces con los audios. No en vano el Foro Económico Mundial sitúa al Perú como el undécimo país –de 140– en que más fácil es comprar una sentencia judicial.

No soy ingenuo, posiblemente haya algún grupo de interés detrás de la filtración, pero eso no es lo más relevante; concuerdo con Rospigliosi (ver link) en dar la bienvenida a la difusión de los audios porque si no, la investigación se habría “canalizado” por los vericuetos del corrupto sistema judicial, para terminar en manos de su peor exponente: el Consejo Nacional de la Magistratura.