¿Se puede ganar la batalla contra la corrupción?

Cuando los jueces son corruptibles, la sociedad se resigna a sufrir e incluso admite lo delictivo como inevitable; la conciencia de casi todos termina siendo tolerante. El resultado es la proliferación del crimen: sicarios, robos, coimas, estafas, contratos con el Estado mal habidos, inseguridad física y jurídica, malos servicios públicos, pésima infraestructura, mala calidad de la educación, etc.

“¿Quiere luchar contra la corrupción? Entonces esté preparado para, si fuera necesario, enviar a la cárcel a sus familiares y amigos”, este fue el eslogan que se utilizó en Singapur para limpiar el país cuando se independizó del Reino Unido en los cincuenta. Por aquel entonces, esta pequeñísima isla, sobrepoblada y multiétnica, era una paupérrima colonia subdesarrollada de corrupción rampante. No obstante, en solo cuatro décadas, mediante los ejes de justicia independiente y educación de calidad, Singapur logró transformarse en uno de los países con menor corrupción y mayor nivel de vida del planeta.

En 2016, el Foro Económico Mundial decidió incluir –entre la centena de variables que utiliza para comparar la competitividad de un país a otro– la dificultad de obtener una sentencia judicial favorable con una coima (http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2015-2016/competitiveness-rankings/#indicatorId=EOSQ151); Singapur resultó en el puesto 5, frente a Perú en el 130 de 140 países. Así que lo que se escucha en los audios ya se sabía, pero había que tener los audios para que la clase política haga algo. Seguro que en los cincuenta, ambos países exhibían niveles comparables de subdesarrollo y corrupción; el hecho de que Singapur haya avanzado tanto es prueba de que sí se puede ganar la batalla a la corrupción. Pero la educación de calidad y la justicia profesional son tareas de largo plazo. ¿Se puede obtener resultados rápidos?

Cuando la corrupción es sistémica, es difícil operar una transformación ‘desde adentro’ –tan difícil como encontrar una aguja en un pajar– porque todos están ‘amarrados’. Si lo intentas, el establishment te margina: ahí están los casos de Príncipe, Ampuero y Vilcatoma.

En cambio, una intervención ‘desde afuera’ puede funcionar. En 2006, el Gobierno de Guatemala firmó un acuerdo con las Naciones Unidas para crear una Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, CICIG (http://www.cicig.org), una fiscalía independiente encabezada por un fiscal extranjero de prestigio que tiene que rendir cuentas a las Naciones Unidas, pero que opera bajo las leyes y en los tribunales guatemaltecos muchas veces como ente investigador y otras apoyando a instituciones del Estado. La experiencia ha sido positiva.