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[Opinión] Richard Arce: “¡De incendiarios a bomberos!”

“Acaban de designar en el Viceministerio de Gobernanza, adscrito a la PCM, al inefable Raúl Noblecilla...”.

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El escándalo del fin de semana es la denuncia de Sada Goray de la empresa Marka Group, que trabajaba con el Ministerio de Vivienda para la entrega de viviendas sociales a sectores vulnerables. Según confesión de parte, pagó una coima de S/4 millones y US$20 mil para comprar un carro al sobrino del presidente. Todo calza. Si no, recordemos que esta empresa estuvo involucrada en denuncias de favorecimiento de terrenos del Estado, a través de la SBN; por tanto, hay mucho por destapar en este nuevo escándalo de corrupción que espero en el Congreso se den cuenta de quién nos está gobernando, un presunto delincuente, suficiente indicio para vacarlo.
Pero ahí no queda el escándalo. Sin ningún desparpajo, Castillo y Betssy Chávez acaban de designar en el Viceministerio de Gobernanza, adscrito a la PCM, al inefable Raúl Noblecilla, abogado, tinterillo y adlátere de Bermejo.
El tema de fondo es la muestra de desprecio del gobierno frente a los conflictos sociales que se han incrementado y están poniendo en riesgo varios proyectos mineros, por la inacción y la falta de capacidad para gestionarlos.
El propio Kurt Burneo, el día de la sustentación de la Ley de Presupuesto, se desgañitó para sustentar la Ley de Equilibrio Financiero y la de Endeudamiento, sosteniendo que el principal ingreso del presupuesto de la República proviene de la actividad minera y que sus proyecciones se sostenían en un incremento de las recaudaciones fiscales del sector.
Entonces, miren el despropósito. ¿Qué conoce Noblecilla de los problemas en el Corredor Minero? ¿Sabrá siquiera dónde está ubicado? Por sus antecedentes, al tigual que sus antecesores, se dedicará a exacerbar la conflictividad y soliviantar a las comunidades.
¿Qué va a hacer con el bloqueo de casi 30 días de la mina Inmaculada en Ayacucho? ¿Conoce el anexo Huancute?
El escenario es sombrío con Noblecilla y Bermejo, ahora controlando recursos del Estado en el sector que vela por la paz social y la sostenibilidad de los proyectos mineros.