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Reducción salarial, solidaridad y eficiencias
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El presidente anunció una reducción temporal del 15% sobre las remuneraciones para los ejecutivos del Gobierno de más alto rango. “Es un acto de solidaridad”, dijo.
No llego a entender esta medida. Reducir ingresos de forma obligatoria y arbitraria a un pequeño grupo de gente que hoy viene trabajando intensamente, carece de sentido y no impacta sobre el bienestar del pueblo. Recortar ingresos a funcionarios clave parece más un arranque populista o un pretexto más que una medida solidaria efectiva en favor de la comunidad.
El verdadero acto solidario con la ciudadanía sería redimensionar de una vez el tamaño del aparato estatal, en aras de la eficiencia, la efectividad y la transparencia.
El gasto en remuneraciones que paga el Estado con dinero de los contribuyentes (los odiosos empresarios) es de aproximadamente S/50,000 millones al año. Una reducción estructural de la planilla de solo el 10% podría generar un ahorro de casi US$1,500 millones anuales. Ese monto, por ejemplo, sería suficiente para financiar obras de agua y saneamiento en Lima, ampliando la cobertura a más de 500,000 familias vulnerables.
A la luz de estas cifras, tendría todo el sentido separar del Estado al típico burócrata, a aquel que no agrega valor y colocarlo en el mercado laboral con una pensión de desempleo por un tiempo prudencial, derivando estos ahorros a mejoras tangibles en salud y saneamiento.
La “nueva normalidad” consistiría, según este planteamiento, en gestionar con eficiencia y transparencia la cosa pública, y gobernar respetando la iniciativa privada y el rol subsidiario y solidario que nuestra constitución dispone para el Estado.
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