Una repartija que no debe prosperar

Carlos Basombrío,Opina.21cbasombrio@peru21.com

El daño que pueden hacer a la precaria institucionalidad del país no es desdeñable.

Empecemos por el Tribunal Constitucional. El más inadecuado de todos los candidatos es sin duda el fujimorista Rolando Sousa.

Sería inaudito que quien avaló un golpe de estado pueda luego ser magistrado constitucional de la democracia rescatada. El personaje es además abogado de narcotraficantes, homicidas y violadores de derechos humanos.

Pero tampoco cabe que Víctor Mayorga y Cayo Galindo lleguen al más alto tribunal teniendo como única credencial el ser miembros del partido de gobierno.

Incluso, el constitucionalista Francisco Eguiguren, a quien le sobran méritos académicos para el cargo, deja dudas políticas.

No olvidemos que es embajador político del gobierno en Madrid y que tuvo la desafortunada idea de decir que la candidatura de Nadine Heredia es constitucional pese a que una ley expresa lo prohíbe.

En el caso de la Defensoría del Pueblo, la cosa es aún más grave, puesto que la función se singulariza en una persona. Hemos tenido, con Jorge Santistevan y Beatriz Merino, defensores del Pueblo de lujo elegidos por anteriores congresos (lo que prueba que sí se puede) y, también, interinos que han cumplido de manera muy adecuada como Vega y Albán. El (la) Defensor(a) del Pueblo necesita ser consensual, no ser objeto de cuestionamientos éticos ni menos legales, y no tener filiación partidaria. Todo ello saca de carrera a la postulante de última hora.

Los congresistas han hecho tan mal su tarea que después de haberles reclamado que nombren, hay que exigirles ahora que no lo hagan. Menos daño se le hace a las instituciones manteniendo el interinato. Estaremos mal, pero no pésimo.