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No es posible que, en plena emergencia sanitaria por la crisis del COVID-19, el Estado continúe realizando compras absurdas como la que se hizo para el Hospital de Ate Vitarte: 35 ventiladores adulto-pediátricos que llegaron con las piezas incompletas y carentes de una serie de accesorios complementarios sin los cuales no pueden funcionar correctamente.
Si bien en su momento el presidente Martín Vizcarra pidió que la compra se anulara por las irregularidades cometidas –sobrevaloración, principalmente– en el proceso de adquisición, los productos ya habían sido pagados y, por lo tanto, no quedaba otra que recibirlos. Pero fue una investigación de la Contraloría la que determinó que los aparatos “no eran apropiados para el manejo de pacientes con síndrome de distrés respiratorio agudo por infección grave por COVID-19, por cuanto generan alto riesgo de extubación y muerte accidental”.
Es decir, justo hoy, cuando son de máxima necesidad, no sirven.
La investigación seguramente continuará, pero el gobierno queda mal retratado en desaguisados administrativos como este, en verdad de escándalo, ya que ocurren en el propio hospital destinado –y, por lo tanto, supuestamente con la debida equipación– para atender a los pacientes graves infectados de coronavirus, más allá de los 6’265,000 soles que se pagaron en esta adquisición, indigna de un país que lidera en su región las acciones contra la pandemia, y por los que la empresa vendedora tendrá que dar explicaciones, pues ya se ha asignado a un fiscal anticorrupción para que se encargue del caso.
El Estado, más que nunca, ha de ser celoso de los recursos públicos, pero también eficiente en el gasto. En las circunstancias que atraviesa el país, la gran necesidad de equipos médicos exige celeridad, mas, al mismo tiempo, mucho cuidado y extremo profesionalismo al ejecutar los presupuestos de emergencia, pues cada compra demorada o viciada por actos de corrupción o las consabidas trabas burocráticas, se traducirá automáticamente en vidas humanas.
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