El tema de hoy: Basta de impunidad

El indignante caso del asesinato de la pequeña María Jimena –hallada muerta y carbonizada en plena vía pública– ha puesto en cuestión, nuevamente, la incapacidad que tiene nuestro sistema de justicia para sancionar a quienes violentan a la población más vulnerable en nuestro país: los menores de edad y las mujeres.

Perú21 reveló este fin de semana que César Alva, ya confeso asesino de la menor de apenas 11 años, había sido denunciado dos veces por violación sexual. Dos veces. Pero las autoridades de San Juan de Lurigancho, el distrito en el que este sujeto violentó a otras mujeres, hicieron poco o casi nada para castigarlo. En la comisaría de Mariscal Cáceres señalaron que no se concluyó la investigación por violencia contra una menor de 17 años porque Alva no se presentó a las diligencias, mientras que en la dependencia de La Huayrona sí se remitió el atestado a la Fiscalía, pero en esta instancia no se hizo más. ¿Por qué se permitió eso? ¿Por qué la justicia no se impuso en ambos casos? ¿Por qué tanto formalismo de policías y fiscales que termina favoreciendo siempre al victimario y nunca a la víctima? De haber sido encarcelado en su momento, María Jimena estaría ahora con sus padres disfrutando de su niñez.

Si no hay castigos ejemplares para estos sujetos, no habrá un mensaje claro para otros depravados que siguen sueltos. En octubre de 2017, el Centro de Emergencia Mujer informó que 356 niños menores de 5 años habían sido ultrajados en ese año. Y no solo eso: sobre el grupo de niños de entre 6 y 11 años, el número de denuncias se elevaba a más de 1,400. ¿Cómo es posible que, en lugar de reducirse, los casos de violación sexual en el Perú aumenten? Esta pasividad de las autoridades da pie a que familiares de las víctimas y ciertos sectores políticos pidan la pena de muerte para estos casos. Una vieja discusión que desborda los límites legales y constitucionales, e incluso de efectividad. El camino es no fallar en los juzgamientos y condenas para estos criminales. Quizás es hora de pensar en tribunales especiales que integren a policías, fiscales y jueces probos y que acepten al Ministerio de la Mujer como parte del proceso. Basta de impunidad.