Y, finalmente, se cumple la amenaza

“Vamos a aprobarla de todas maneras”. “Vamos a aprobar una ley para que saquen la publicidad (estatal) de algunos medios mermeleros”. Visiblemente ofuscado, el presidente del Congreso, Luis Galarreta, respondió así semanas atrás cuando la prensa le preguntó en tono crítico por la compra de frigobares y televisores en tiempos de euforia mundialista, pero también de austeridad en el gasto estatal.

Eso fue el 21 de mayo y, en menos de un mes, la Comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso aprueba la llamada ley Mulder, la que prohíbe la publicidad estatal en los medios de comunicación privados. Eso solo confirma la ofensiva fujimorista encabezada por el congresista Galarreta contra la libertad de expresión y, sobre todo, contra las garantías constitucionales de quienes investigamos y denunciamos la corrupción. Eso, los periodistas, no lo vamos a aceptar, no lo vamos a permitir.

El interés en aprobar esa prohibición, a como diera lugar, se puso de manifiesto desde la exoneración del trámite de comisiones del proyecto. También en su rápido debate en la Comisión Permanente en vez de reservarlo para la agenda del Pleno con una discusión más reflexiva y con participación de los sectores involucrados, tal como lo ofreció el propio presidente de la Comisión de Transportes y Comunicaciones.

La ley fue observada por el Ejecutivo. Devuelta al Parlamento, ahora todo indica que el Pleno la aprobará y pondrá en vigencia por obra y gracia de la mayoría de Galarreta, la del fujimorismo, la que está bajo la lupa y a la que le incomoda y desespera la denuncia.

La norma parte de una supuesta motivación legítima como es cuidar los recursos del Estado, pero, en este caso, es obvio el interés de amedrentar a los medios, mellar su imagen y minimizar o perjudicar su rol fiscalizador.

La ley Mulder, además, parte de un análisis errado de la realidad peruana. Asume que en todo el país la población tiene celulares, Internet y maneja Facebook o Google, plataformas extranjeras con las cuales se contrataría en adelante la publicidad estatal.

Además de discriminar a los medios privados, la ley Mulder debilita la capacidad informativa del Estado y tiene una visión centralista y capitalina al no respetar el derecho a la información de las personas que en numerosas zonas del interior no podrán enterarse de acciones y programas sociales básicos por no acceder a los anuncios de Internet.

Perú21 no se opone a normas para regular la publicidad estatal en los medios, tampoco a que se debatan reglamentos y proyectos alternativos, pero vetar que el Estado contrate publicidad con los medios privados es nefasto.

Como lo es volver al pasado, con amenazas con tufillo dictatorial, lo que nos negamos a aceptar.